MADRID. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que el pago de sobresueldos "no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución".

En un escrito remitido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral señala que la declaración de Aznar, solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), "no resulta ni necesaria ni útil" para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar "ningún conocimiento adicional, relevante y necesario".

El Ministerio Público sostiene que la contabilidad oficial del PP recoge pagos a Aznar de 782.695,12 entre 1990 y 1996 que no tienen "ningún reflejo" en los papeles de Bárcenas", por lo que su declaración por este extremo no resultaría "ni tan siquiera útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilitud de dichos documentos".

En relación con las "entregas J.M." que aparecen consignadas en los papeles atribuidos al extesorero entre abril y agosto de 1990 por importe de 1.530.000 pesetas (9.195,49 euros), el fiscal sostiene que no existe "ningún elemento o indicio" que permita afirmar que estas iniciales "se correspondan con las del testigo".

ADADE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, también reclamó que el exjefe del Ejecutivo explicara si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al exconsejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como corroboró ante el juez el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo. La Fiscalía dice que estos pagos también "carecerían de relevancia penal", ya que en la declaración de Del Burgo no existe "contradicción alguna" con la de Ayesa.