Vitoria. Un día después de que el Parlamento Vasco negara el pasado 16 de mayo la existencia de presos políticos en Euskadi y España, la presidenta de la Cámara autonómica, Bakartxo Tejeria, advirtió en una entrevista televisada que esta iniciativa, secundada por los votos de PSE, PP y UPyD, la posición contraria de EH Bildu y la abstención del PNV, no era "vinculante". Pero antes de que el asunto llegara al Pleno, Tejeria encargó un informe a los servicios jurídicos del Legislativo autonómico tras conocer la solicitud de UPyD para que se adoptaran las medidas necesarias contra la utilización de esta expresión, un informe que deja la patata caliente en manos de la propia presidenta.
"Es a ella a quien corresponde interpretar los límites que a la libertad de expresión de las parlamentarias y parlamentarios deban imponerse". Así consta en el sexto punto de las conclusiones con las que se cierra un informe de 16 páginas que ayer hizo público la Mesa de la Cámara y en el que los servicios jurídicos del Parlamento Vasco ponen de relieve la importancia que la "libertad de expresión" obtiene tanto en los postulados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en los del Tribunal Constitucional cuando se analiza las características del sistema democrático.
La vulneración de esta libertad reduciría a "formas hueras las instituciones representativas y afectaría al pluralismo político y a la tolerancia", recogen los juristas de la Cámara vasca en su informe haciéndose eco de la jurisprudencia dictada por los tribunales.
Libertad de expresión A la hora de establecer los límites de la libertad de expresión declaran que deben ser "ponderados en cada caso concreto y a la luz del contexto en el que se producen", una labor que el reglamento de la Cámara vasca delega en la presidenta. No obstante, el informe también hace hincapié en el "plus" de los parlamentarios "en los que a la libertad de expresión se refiere" orientado a la "preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión, sin la cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado".
En una referencia directa a la proposición aprobada en la Cámara autonómica hace dos semanas en la que esta institución negaba la existencia de presos políticos y señalaba que el uso del término era "contundentemente" rechazable, los juristas estiman que la aprobación de una resolución parlamentaria "por muy mayoritaria que sea, no puede reducir los derechos de participación de las minorías".
