bilbao. La conocida como reforma local va a tener muchas más implicaciones de las previstas inicialmente. Un año después de iniciarse su elaboración, el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba ayer lo que sin duda será uno de los aspectos más polémicos de la ley, como es la reducción vía Boletín Oficial del Estado de los salarios de los empleados municipales. El PP quiere ahorrarse con esta medida 870 millones las nóminas de los trabajadores durante 2014 y 2015. Para ello, pondrá una "horquilla de salarios", para lo que limitará el complemento específico con topes en función del grupo profesional al que cada empleado pertenece y que vendrán definidos cada año en la Ley de Presupuestos.

El Ministerio de Hacienda justificó ayer la medida en la necesidad de evitar la enorme dispersión que hay entre los funcionarios locales, y entre ellos y los empleados estatales. Fuentes del ministerio no aclararon si con estas medidas algunos empleados acabarán perdiendo el sueldo, como ocurrirá con los concejales de los municipios pequeños.

Miles de trabajadores se verán afectados por este recorte. Los 8.114 ayuntamientos españoles tienen contratadas a 526.248 personas, de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. Multitud de consitorios, muchos de ellos del PP, han protestado contra el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno el pasado febrero. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como diputaciones provinciales y comunidades autónomas -entre ellas, la CAV y Nafarroa-, han presentado alegaciones al anteproyecto, que finalmente apenas han tenido cabida en el texto. Ni los municipios regidos por los populares sacan la cara a un proyecto que recorta las competencias municipales, dejando los consistorios, sobre todo los más pequeños, vacíos de contenido.

Tal es el monumental enfado que ayer, en la víspera de presentar su texto en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el Gobierno se reunió con el presidente de la FEMP, el popular Iñigo de la Serna, para tratar de atemperar los ánimos. Y es que el texto gubernamental mantiene la posibilidad de que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sean despojados de competencias si no ajustan sus servicios a una tabla de costes. Hacienda calcula que 5.927 municipios pagan más que los grandes consistorios por dar los mismos servicios.