madrid. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado este jueves al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que reclame a la Agencia Tributaria un nuevo informe para determinar si la infanta Cristina incurrió o no en un presunto fraude fiscal, tal y como expone en el escrito presentado ante el magistrado. El representante del Ministerio Público pide, para dar "estricto cumplimiento" a lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Baleares en el auto por el que dejó las puertas abiertas al posible encausamiento de la Infanta por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, que una vez emitido el informe pericial de Hacienda se le dé traslado del mismo para valorar las consecuencias penales que pudieran derivarse de su contenido.
Horrach hizo entrega de su escrito poco después de que ayer el juez instase a las acusaciones personadas en la causa a que, en un plazo de cinco días, hagan las alegaciones que estimen oportunas sobre las líneas de investigación "insinuadas" por la Audiencia en relación al presunto fraude fiscal en que habría incurrido la hija del rey.
De hecho, el tribunal de la Sección Segunda señalaba que antes de decidir sobre la imputación de la infanta en este sentido "el juez a quo ha de solicitar a la Agencia Tributaria que complemente su informe a fin de dar respuesta a las cuestiones tributarias" suscitadas y también referidas al posible blanqueo de capitales, "o bien que se cite a sus autores para que den las oportunas explicaciones", tal y como recoge el escrito del fiscal.
puerta abierta La instrucción del caso apuntaba a que tanto Iñaki Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50% de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de esa empresa. El argumento empleado por la Sala para dejar en suspenso la imputación de la hija del rey en relación al supuesto fraude fiscal es que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos. El estudio de las declaraciones de la renta de Cristina de Borbón determinará si esto fue así o si debía tributar por esos ingresos y no lo hizo.
La Sala dejaba abierta la posibilidad de realizar esta investigación al interpretar que si bien la infanta podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" es que "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
El tribunal, que basaba sus argumentaciones en un informe aportado al caso por la Agencia Tributaria, aseveraba que éste suscita "zonas oscuras" que en estos momentos hacen "inviable emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública", de modo que insta al juez Castro a decidir de nuevo sobre la imputación de la Duquesa de Palma respecto a un posible fraude fiscal, no sin antes solicitar a Hacienda a que complemente su informe.
Todo ello con el objetivo de "dar respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas a un posible blanqueo de capitales", incide la Audiencia, precisando que el propio informe de Hacienda reconoce que es provisional e incompleto, toda vez que "no sólo contiene dudas en cuanto a quién ha de ser el responsable de las irregularidades tributarias, sino que reconoce que la entidad Aizoon es una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad defraudatoria".
la tesis Así las cosas, el tribunal asevera que si Aizoon estaba participada al 50% por la infanta, "no era más que una pantalla" y se constituyó "con una finalidad defraudatoria", no se entiende que sólo atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin). "No se comprende que la Agencia Tributaria haya prescindido de considerar la actuación cooperadora del socio no administrador (por la hija del rey) respecto del delito contra la Hacienda Pública", añaden los magistrados, señalando que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda, tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF", y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
