madrid. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, indicó ayer que con la legislación vigente hasta 2006 le resultaba "prácticamente imposible" comprobar las donaciones anónimas como las reflejadas en los llamados papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, una situación que se reparó con las reformas posteriores de la ley de financiación de partidos.

En una entrevista, Alvarez de Miranda aseguró que la ley de 2007, modificada en 2012, "permitió mejorar el control de las donaciones y, en general, de las distintas fuentes de financiación privada de las formaciones políticas".

"Uno de los aspectos más relevantes de la Ley de 2007 consistió en la prohibición de las donaciones anónimas a favor de los partidos políticos, que estaban permitidas en la normativa anterior, con ciertos límites, pero cuya propia naturaleza hacía que fuera prácticamente imposible comprobar el cumplimiento de dichos límites, tal y como ha venido señalando reiteradamente el Tribunal de Cuentas en sus informes", relata, al ser preguntado por la contabilidad que llevaba Bárcenas y que ha salido a la luz en 2013.

Según explicó, "la reforma del año pasado delimitó con mayor precisión las personas, físicas o jurídicas, a las que no se permite realizar estas donaciones y ha mejorado las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones, tanto dinerarias como en especie".

Frente a las críticas de algunos partidos, Alvarez de Miranda defiende la independencia de la institución subrayando que es preferible que los consejeros sean elegidos por el Parlamento en lugar de ser propuestos directamente por el Gobierno, como ocurre en otros países. Eso sí, "siempre que se garantice que aquella elección parlamentaria se realice a favor de personas cualificadas y se disponga de un régimen jurídico, a ser posible de rango constitucional, que garantice dicha independencia".

Alvarez de Miranda no ve "procedente ni necesario" que las auditorias privadas examinen las cuentas públicas y no acepta que se apele a estas empresas para hacer una labor de fiscalización de la contabilidad de los partidos, que es competencia "exclusiva" del Tribunal de Cuentas.

Preguntado por el intento de PP de ofrecer una auditoría externa de sus cuentas cuando estalló el caso Bárcenas, Alvarez de Miranda recuerda que "no procede la realización de auditorías privadas sobre la regularidad financiera y contable de la actividad ordinaria de los partidos políticos, por tratarse de una función exclusiva del Tribunal de Cuentas", subraya.

Respecto a las fiscalizaciones pendientes sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos (la última se refiere al ejercicio 2007), insiste en que en este año se va a poner al día aprobando los siguientes cuatro informes en los próximos meses. Del relativo a 2008, ha recibido ya las alegaciones de los partidos y prevé aprobarlo a finales de este mes o en junio, y ya tiene avanzados los trabajos de los siguientes ejercicios.