Vitoria. El encuentro "discreto" que mantuvieron el pasado día 10 de abril en La Moncloa el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy y el lehendakakari Iñigo Urkullu no se limitó a un intercambio de impresiones bajo parámetros exclusivamente económicos -flexibilización del déficit y negociación del Cupo-, sino que en aquella cita, y una vez más, el presidente del Gobierno Vasco reclamó del jefe del Ejecutivo español un cambio en la política penitenciara, un giro que se visualizaría en un acercamiento de presos a cárceles vascas o próximas a la CAV y Nafarroa, la concesión de terceros grados o la puesta en libertad de los reclusos aquejados de enfermedades graves.
Las peticiones realizadas por Urkullu y desveladas ayer por Europa Press, no le sonaron a nuevo a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes de Lehendakaritza confirmaron ayer a este diario que la solicitud de un giro de la política penitenciaria "ha estado siempre en la agenda de los contactos mantenidos por ambos mandatarios". En este sentido, en octubre del pasado año, en fechas próximas a las elecciones al Parlamento Vasco que tuvieron lugar el día 21, Urkullu mandó una carta a Rajoy en la que le planteaba la necesidad de acometer los beneficios penitenciarios. Asimismo, en la primera reunión institucional que mantuvieron ambos mandatarios -el pasado 30 de enero-, por parte de Urkullu la situación de los presos fue uno de los ejes básicos en aquel encuentro.
Inmovilismo Sin embargo, según señalaba ayer Europa Press, fuentes populares han asegurado que el presidente del Gobierno español está decidido a no dar ningún paso con respecto a los presos de ETA.
Mariano Rajoy mantiene una política de firmeza que se centra en dos ejes: la disolución de ETA y el arrepentimiento de los presos. Transcurridos 18 meses desde que la organización armada anunciara el cese definitivo de sus actividades -el 20 de octubre de 2011-, Rajoy considera que el siguiente paso lo debe de dar de nuevo ETA, el anuncio de sus disolución, y hasta que esta no se produzca, la política penitenciaria se mantendrá invariable, llegando incluso a ralentizar, sino frenar, la denominada vía Nanclares, a la que se han acogido presos desvinculados con la organización armada. Este inmovilismo a ultranza por parte de Rajoy, que se negó a establecer ningún acercamiento con la dirección que ETA que se había instalado en Oslo a la espera de contactos con el Ejecutivo popular, ha llevado a la organización armada a reconocer el fracaso de la hoja de ruta marcada en la Conferencia de Aiete.
Con respecto a los presos enfermos, la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro de Ortega Lara, acarreó un aluvión de críticas al Gobierno del PP por parte de las diversas asociaciones de víctimas, una postura que motivó que Mariano Rajoy se comprometiera con Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) la principal de estas asociaciones, a que no se iban a poner en libertad a más presos de los que desde la izquierda abertzale se reclama su excarcelación debido a su estado de salud. Asimismo, el Ejecutivo popular considera la doctrina Parot -en estos momentos a la espera de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo- como un eje básico de la política penitenciaria.
Acuerdos Si el proceso de pacificación parece estancando por la actitud mantenida por el Gobierno español, donde sí hay más sintonía es en el aspecto económico. Aunque no hay una fecha establecida para la reunión de la Comisión Mixta para la negociación del Concierto, según aseguraba ayer Europa Press han comenzado ya las reuniones entre el Ministerio español de Hacienda y el Gobierno Vasco y las negociaciones avanzan por buen camino. Otro de los aspectos de la negociación hace referencia a los 500 millones de euros que debe el Ejecutivo español por el Cupo.
