BILBAO. "Cuando una fuerza política es legalizada, no significa, en absoluto, que tenga impunidad". Así se pronunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación a la investigación acerca de las fuentes de financiación de ETA para la manutención de los miembros de la organización en la clandestinidad y si alguna de ellas procede de Sortu, Bildu o Amaiur. "Una organización, en la medida que está legalizada, quiere decir que actúa y puede actuar libremente en el marco de la ley, pero con plena sujeción a la ley y no tiene impunidad ni patente de corso para saltarse las leyes", explicó Fernández Díaz, para quien "tener certificado de legalidad es actuar como una organización legal y cumplir la ley, por lo que en cuanto eventualmente cometa actos u organizase acciones que se salten el ordenamiento legal, se le aplicará la ley".
El ministro recalcó que "espero y confío en que estas organizaciones entiendan lo que acabamos de decir y que legalidad no significa impunidad", añadiendo que si cualquier organización o ciudadano se salta las leyes, se le aplican las leyes. Su discurso se enmarca en la espiral de manifestaciones de dirigentes del PP y de fiscales que apuntan a la posible ilegalización de los partidos de la izquierda abertzale tras los últimos acontecimientos, y un día después de que el PNV reclamara al Gobierno popular que no volviera a la senda de las ilegalizaciones.
Fernández Díaz admitió que "se vislumbra el final" de ETA pero pidió "no cantar victoria" hasta que se disuelva definitivamente. La banda que "hemos padecido el conjunto de los españoles, ya no volverá", consideró, reafirmando la posición política del Ejecutivo de Rajoy desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad. A su juicio, "no tiene sentido que una organización terrorista que dice que deja definitivamente de actuar siga viva y no entregue su armamento", dijo Fernández, para quien, "si de verdad está decidida a dejar de actuar, lo que debe hacer es dejar de existir". También se refirió a que si ETA espera que ese tránsito pueda ser fruto o consecuencia de una negociación política con el Gobierno español, "puede ir olvidándose, si es que todavía no lo ha hecho". En palabras del ministro, el Gobierno español trabaja para que "por las buenas o por las malas", ETA asuma que ese cese de actividad debe conllevar la entrega del material, su disolución y el desmantelamiento de sus estructuras, que cree que están "muy debilitadas, diezmadas y son de carácter básicamente logístico". Confía en que la banda "interiorice" que ha sido derrotada y que asuma que tiene que disolverse y, "a partir de ahí, el Gobierno sabrá gestionar el día después".
"ETA debe disolverse y a partir de ahí el Gobierno sabrá gestionar
el día después"
jorge fernández díaz
Ministro del Interior
Se entregará uno de los miembros de Segi condenados
Nahikari Otaegi, una de los dos jóvenes condenados a seis años de prisión en la Audiencia Nacional por pertenecer a Segi que aún permanecen sin detener, después de que el pasado viernes la Ertzain-tza arrestase en Donostia a los otros seis, anunció que se entregará esta semana. Otaegi, donostiarra de 29 años y que vive en Donibane Lohizune, explicó que su intención es entregarse esta misma semana voluntariamente junto con su bebé de siete meses para cumplir su condena. La joven, que tiene otro hijo de tres años, declaró que entrará en prisión "orgullosa". El pasado viernes la Ertzaintza detuvo en el espacio Aske gune habilitado en el Boulevard donostiarra en apoyo a los jóvenes condenados en la Audiencia Nacional a seis de ellos. Otaegi no se encontraba en ese lugar por motivos personales según explicaron los organizadores del Aske gune. Aunque con la tensión evidente en el ambiente, la detención de los jóvenes de Segi se desarrolló de manera pacífica tras mediar un miembro de Sortu.
