IRUÑEA. Miguel Sanz salió ayer del Palacio de Justicia de Iruñea sin disipar muchas de las dudas y sospechas legales que se derivan del abusivo cobro de dietas en Caja Navarra (CAN) y la ausencia de control e inspección de la entidad por parte de su Gobierno, y que le han convertido en el tercer presidente navarro que se veía obligado a declarar ante el juez en calidad de imputado. Acompañado por su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, Sanz tuvo que afrontar un largo y minucioso interrogatorio, de casi cuatro horas de duración, y en el que tuvo que responder a preguntas concretas de la juez Mari Paz Benito. Una intervención precedida por el paseíllo hasta el juzgado entre cámaras de televisión y gritos de "chorizo". Algo que pesará ya para siempre en el currículo de quien durante 15 años gozó del todo el poder en Nafarroa.

Una vez dentro del despacho, Sanz conoció de forma oficial los motivos de su imputación que, sin llegar a citar ningún delito concreto, la juez motivó en la percepción de dietas en la Permanente de la CAN y la falta de control en la entidad. Una responsabilidad que la magistrada atribuye directamente al exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, pero de la que, por elevación, también culpa al expresidente.

Las informaciones conocidas el último año y medio, reconocidas y rectificadas en parte con la devolución del dinero, y una pormenorizada instrucción que ha acabado por destapar el opaco sistema de sobresueldos en todo su descaro convirtieron el interrogatorio en un pormenorizado cuestionario para el que Sanz unas veces tuvo respuesta detallada y en otras se limitó a descargar la posibilidad. Pero que por momentos acorraló al expresidente, que en varias preguntas alegó desconocimiento o falta de memoria.

Sanz explicó así que los estatutos de Caja Navarra fueron elaborados por los servicios jurídicos de la propia entidad sin que interviniera el Gobierno navarro, y posteriormente negociados y pactados por los ejecutivos foral y español.

Sanz evitó ser muy concreto, argumentando que nunca se preocupó "mucho" del reglamento debido a su confianza en los juristas de la entidad. Aseguró así que el borrador inicial estaba redactado en febrero de 2011, pero que no fue aprobado hasta junio, un año después de que comenzaran las reuniones, porque hubo que modificarlo para adaptarlo a la integración en Banca Cívica.

No dio muchos detalles sobre la creación de la Permanente que, según dijo recordar, pretendía ser un complemento de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) en un "paralelismo" con la comisión ejecutiva y el consejo de administración, órganos que desde 2010 ya no tenían presencia de cargos públicos. Sanz defendió que su constitución quedó clara desde la primera reunión de la JEF, en la que se hace referencia a las "reuniones de reporte", y que todos sus miembros (haciendo con mención expresa a los representantes socialistas), conocían su existencia. "Si alguien dice que no lo conocía solo puede obedecer a cuestiones políticas", señaló.

Poco más aclaró el expresidente, que en varias ocasiones recurrió al "no sé" para no detallar sus respuestas. Así, dijo desconocer por qué se convocaban dos reuniones consecutivas ni de quién fue la idea. También dijo desconocer por qué se optó por encuentros triples en la JEF en lugar de uno en uno, algo que admitió como un "error" del que no se dieron cuenta en su momento. De la misma forma, tampoco supo explicar por qué prácticamente en alguna ocasión las reuniones de la JEF y la Permanente se celebraron con apenas una semana de diferencia, por qué se adelantaron el cobro de algunas de estas sesiones, ni quién era el responsable de transferir esas retribuciones. Tampoco supo explicar cómo se pagaban las dietas ni con qué periodicidad. Dudas que quedan abiertas y que la juez deberá intentar aclarar con las comparencias de Maya y Miranda la próxima semana.