el próximo viernes, 12 de abril, Miguel Sanz está citado a declarar en el Palacio de Justicia como imputado por el cobro de dietas en Caja Navarra. Será el cuarto presidente autonómico que tenga que declarar ante un juez. Tras él lo harán el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda. Los principales dirigentes de la comunidad volverán a desfilar así ante la Justicia a la espera de que la juez Mari Paz Benito decida si imputa también a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, que de momento ha quedado al margen por su condición de aforada, y cuyo encausamiento supondría el traslado automático de la instrucción al Tribunal Supremo.

Es la consecuencia jurídica del escándalo social y político que ha supuesto el abusivo cobro de dietas en Caja Navarra. El proceso en cualquier caso sigue en una fase inicial, por lo que su resolución es todo un misterio. Lo mismo acaba en una condena por cohecho a la cúpula de UPN como en un rápido archivo. Algo que en buena medida dependerá de las declaraciones de la próxima semana, que arrojarán luz sobre la línea de investigación por la que finalmente opta la juez, que de momento no ha querido concretar el motivo de las imputaciones.

Tres comparecencias que en UPN y el Gobierno aguardan "con preocupación", confiados en que las acusaciones a las que la juez apuntaba en el auto del pasado día 20 de marzo, un posible delito de cohecho y prevaricación por omisión, acaben diluidas. "Cabe admitir que, con los parámetros actuales, haya quien las considere excesivas o incluso erróneas, pero nunca delictivas", sostiene el argumentario que UPN ha enviado a sus bases para fijar un posición común.

No obstante, y más allá del resultado final de la investigación, pocas dudas quedan ya sobre el abusivo cobro de dietas en la Comisión Permanente de Caja Navarra. Una práctica opaca diseñada con el objetivo de aumentar las retribuciones de los principales dirigentes del Gobierno, y que el proceso judicial ha acabado por destapar en toda su inmoralidad. Una práctica ética y políticamente reprobable que, haya o no condena en los tribunales, marcará para siempre la carrera y legado político de Los Cuatro de la Permanente.

Los políticos y Caja Navarra

Reducción de políticos en los órganos de control y dirección

Es cierto, como estos días alegan los afectados que los integrantes del Gobierno siempre han cobrado de Caja Navarra. Desde la constitución del propio Ejecutivo foral, todos sus miembros formaron parte del consejo de administración de la entidad financiera. Una labor que completaban con una dieta por asistencia que, teóricamente, debía servir como compensación por asistencia y desplazamiento. Cantidades notablemente inferiores a las percibidas en la última etapa de Caja Navarra.

Con la modificación estatutaria de 2004, pensada para hacer "más profesional e independiente" la entidad, la mayoría de los miembros del Gobierno salieron el consejo, en el que únicamente permanecerían el presidente y el consejero de Economía. Además de la alcaldesa de Pamplona, que pasaba a presidir la comisión de control. Junto a ellos, se reconocía también la presencia de varios miembros elegidos en el pleno por el Parlamento. Esta estructura se mantuvo hasta la nueva reforma estatutaria de 2010.

Para facilitar el proceso de fusiones que acaba de comenzar, y con el objetivo de profesionalizar totalmente sus órganos de dirección, ese año Caja Navarra promovió la salida de los cargos públicos del consejo y de la comisión de control. Los políticos dejaron oficialmente la Caja con un lujoso reloj de regalo que, solo tras hacerse público, todos optaron por devolver.

No obstante, y con el deseo de que las entidades fundadoras, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, mantuvieran una relación directa con la entidad que fuera más allá de la aprobación de la obra social, en 2010 se crea también la Junta de Entidades Fundadoras. Un órgano meramente consultivo integrado por dos miembros del Gobierno (presidente y consejero de Economía), dos del Ayuntamiento (alcaldesa y teniente de alcalde) y cuatro designados por el Parlamento, pactados por UPN y PSN. Como expresidente de la entidad, Miguel Sanz se garantiza además un puesto en la Junta hasta los 75 años. Los cargos públicos mantenían así la remuneración que venían percibiendo hasta entonces, pero sin capacidad ejecutiva dentro de la entidad: 1.717 euros por reunión, 2.680 en el caso del presidente.

La comisión permanente

Un órgano opaco pensado para incrementar el sueldo oficial

De forma paralela a la Junta se crea también la denominada Comisión Permanente. Un selecto club ideado exclusivamente para el presidente del Gobierno, el consejero de Economía y la alcaldesa de Pamplona. Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Yolanda Barcina duplicaban de esta forma su presencia en la entidad, multiplicando asimismo las remuneraciones. Tras las elecciones de 2011 se les une el nuevo alcalde de la capital, Enrique Maya, y se mantiene la presencia de Sanz como miembro semivitalicio. Con el cambio de Gobierno, Barcina asume la presidencia del órgano, con lo que su dieta sube hasta los 2.680 euros.

En la práctica, la Permanente no hace sino duplicar la propia Junta, muchas veces con reuniones idénticas de contenido. Todos sus encuentros se celebraron además por partida doble, en ocasiones con apenas media hora de diferencia entre reunión y reunión, lo que permitía cobrar hasta 5.360 euros en una misma mañana. Las actas remitidas al juzgado han puesto en evidencia además que sus miembros se dedicaban a darse por enterados de las gestiones que iba haciendo la entidad. En las 16 actas enviadas no se recogen aportaciones o sugerencias de ninguno de los integrantes.

La práctica de reuniones dobles en un día no era exclusiva de la Permanente. La Junta de Fundadores incluso celebró varias reuniones triples, casi siempre de forma paralela a la Permanente, por lo que Sanz, Miranda y Barcina llegaron a cobrar cinco veces en una semana por escuchar lo mismo.

la legitimidad

Sin sustento estatutario durante más casi un año

Aunque la Permanente comenzó sus encuentros tras la reforma de junio de 2010, prácticamente al mismo tiempo que la Junta, no tuvo sustento estatutario hasta un año después. La primera mención al órgano se hace en el reglamento interno aprobado el 24 de junio de 2011, donde apenas se hace una breve mención: "Además de las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras (...) en calidad de Comisión Permanente recibirán periódicamente, mediante reunión mensual o por el medio que se establezca, información oportuna sobre la marcha de la Caja". Es la única mención en todo el texto reglamentario. Para entonces, ya había celebrado diez reuniones y repartido más de 60.000 euros. La Permanente celebró su última reunión el 26 de septiembre.

Quince días más tarde el Grupo Noticias desvelaba su existencia, lo que despertó una indignación social que forzó a Caja Navarra a anunciar su eliminación solo dos semanas después. Una rápida reacción que logró aplacar un malestar latente que ha vuelto a estallar con más fuerza si cabe con la instrucción judicial.

Tres denuncias y una juez

La instrucción judicial confirma las sospechas

Al malestar social se unen entonces varias denuncias. Primero es Geroa Bai el que busca el amparo del Banco de España en noviembre de 2011, que responde que es el Departamento de Economía el obligado a fiscalizar el cobro de dietas. Un año después, a finales de diciembre de 2012 y ya con CAN integrada en CaixaBank, UPyD denuncia la salida a Bolsa ante la Fiscalía con argumentos similares a los empleados con Bankia. Y finalmente es Kontuz! el que presenta la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 que apunta directamente a Sanz y Goñi por un delito societario (por diseñar un sistema de dietas injustificado) y otro prevaricación por omisión (por no fiscalizar a la entidad).

Esta última denuncia cae en manos de Mari Paz Benito, que decide agruparlas todas y comenzar la investigación. Surgen así detalles desconocidos que no hacen sino respaldar la tesis que ya se había generalizado en la opinión pública. Las reuniones, breves y muchas veces sin contenido parecen tener como único objetivo multiplicar los ingresos de los principales cargos de UPN en el Gobierno. Y estas siguen más allá incluso de su salida de los órganos de decisión, cuando se mantiene la remuneración pese a no tener responsabilidad. Así lo reconoce el propio Miranda cuando se conoce la existencia de la Permanente y lo ratifica Barcina cuando la polémica vuelve a estallar el pasado 7 de marzo: ambos admiten que las retribuciones de Caja Navarra eran un complemento a su salario como cargo público.

Con la nueva información en la mano la juez asume las sospechas y da un paso más. Advierte de una posible relación entre la ausencia de control por parte del Gobierno y las remuneraciones de sus dirigentes. Las dietas, cree la juez, pueden ser un pago a cambio de hacer la vista gorda. Lo que en términos jurídicos se traduce en cohecho y que de momento es solo una hipótesis de trabajo que la juez deberá confirmar o descartar después de tomar declaración a los tres imputados.

Pero que más allá de las consecuencias judiciales del caso y de que la juez llegue a apreciar un posible delito en la actuación de la cúpula de UPN, cualquier final difícilmente podrá esconder ya la indecencia de un sistema de remuneración obsceno y opaco ideado en plena crisis por unos dirigentes políticos que aquellos años presumían de su austera remuneración. "En la UPNA ganaría más", llegó a afirmar Barcina en 2010. Ese año la presidenta reconoció unos ingresos de 143.000 euros. Hoy vive pendiente de una posible imputación.