pamplona. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, Mari Paz Benito Osés, ha librado un oficio a Caja Navarra al objeto de que se le remita nueva documentación sobre el otorgamiento de dietas y créditos a los consejeros de la entidad. A este auto del martes pasado, en el que atendió parcialmente la solicitud de UPyD como parte personada en la causa, le precedió otro evacuado un día antes en respuesta a la defensa de Enrique Goñi -que le instó en vano a inhibirse en favor del Tribunal Supremo- en el que la juez mantiene "íntegramente" el contenido de la resolución que dictó el pasado día 20 y en la que atisbó un posible delito de cohecho en la política de retribuciones de Can al resultar los beneficiarios de los sobresueldos "presuntamente injustificados" las mismas personas que debían inspeccionar al ente pagador.

En concreto, la magistrada exige a Can el reglamento regulador de dietas y/o retribuciones de cualquier clase a los consejeros y miembros del Consejo de Administración, Comité de Control, Comisión de Retribuciones y Comisión de Auditoría, desde el año 2000 en caso del primero y desde su creación en el de los restantes foros. Asimismo, reclama el envío de todas las actas de la Comisión de Retribuciones de Can desde su inicio.

A POR LOS SUPERVISORES La juez Benito, a instancias de UPyD como ya se ha apuntado, demanda también el cuadro orgánico de los responsables del sistema de admisión, gestión y control de riesgo de la entidad, con indicación expresa de los nombres de esas personas. Por añadidura, e igualmente en lo que atañe a los créditos del grupo, Can debe dar traslado de todos los manuales de políticas, métodos, procedimiento y objetivos.

Cabe recordar en este punto que, en su auto del 20 de marzo, la juez también apreciaba un posible delito de cohecho y/o prevaricación en la concesión de préstamos, incluidos familiares de los consejeros, "puesto que se ha favorecido a personas concretas que eran o estaban relacionadas con las que integraban los órganos de gobierno de la Caja y por tanto quienes debían ejercer su inspección y función disciplinaria". Benito rechaza la práctica del resto de las diligencias que planteó UPyD en su escrito del día 22 por tratarse de documentos relativos a Banca Cívica, materia objeto de investigación por la Audiencia Nacional especialmente en lo que concierne a la salida a Bolsa del consorcio pero también a aquellas actuaciones relacionadas con el posible falseamiento contable y algunas inversiones empresariales y compras de terrenos dudosas.

Ninguna aclaración En su línea de amarrar la instrucción de las dietas y los créditos de Can, la magistrada rechaza también aclarar su auto del día 20 a requerimiento de la defensa de Goñi.

Benito se ratifica por tanto en que los sobresueldos de la Junta de Entidades Fundadoras y de su Permanente "poseen un sustento cuando menos dudoso", lo que a su juicio es "evidente" en el segundo caso al tratarse de un organismo paralelo y opaco.

El abogado del ex primer ejecutivo de Can se interesó por si las diligencias previas iban a versar sobre el cohecho y por si su cliente iba a ser imputado por tal delito, así como por la identidad de los implicados. Asimismo, y dado que uno de los perceptores de las dádivas investigadas es la presidenta del Gobierno -con rango de aforada-, sugería la remisión de la causa al Tribunal Supremo.