SEVILLA. La juez Mercedes Alaya considera que el exdirector general de la mediadora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, que ingresó en prisión ayer de madrugada, "pagó" 4,3 millones de euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las sobrecomisiones "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En el auto por el que la magistrada ordenó ayer su ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), la juez señala que el imputado, director general de Vitalia desde 1995 hasta 2011, "daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta".
En este sentido, la juez pone de manifiesto que, de esta forma, la Junta "se convertiría desde el 6 de octubre de 1999, fecha en que toma posesión de su cargo el director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en uno de los mejores clientes de Vitalia y sin duda en el mejor cliente de la delegación regional de la consultora en Andalucía, porque a través del cobro de ciertas comisiones ofrecidas por Vitalia por parte del citado director general, entre otros, es la Junta la que proporcionaría más trabajo e información sobre empresas en crisis, información que se traducía nuevamente en más pólizas de rentas y contratos de gestión". A su juicio, "se trataría de un negocio bilateral".
