Bilbao. La Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se sitúa Eduardo Torres-Dulce, se encuentra detrás de la investigación abierta por el fiscal superior de la CAV Juan Calparsoro ante las palabras pronunciadas por la portavoz de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz, Laura Mintegi, quien en el pleno del Parlamento Vasco celebrado el pasado día 14 afirmó que en los asesinatos cometidos por ETA, y se refirió en concreto al del socialista alavés Fernando Buesa, había un sustrato de raíz política.
Calparsoro, que reconoció que el pasado martes había mantenido una conversación telefónica con Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que había abierto las diligencias "a raíz y a instancias" de esta conversación con el fiscal general del Estado. El fiscal de la CAV, además, destacó el malestar creado por las afirmaciones de Mintegi entre los colectivos de víctimas, quienes han calificado como "una afrenta" las manifestaciones de la portavoz de la coalición soberanista.
Juan Calparsoro recordó que ningún parlamentario puede ser imputado por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, "pero como todos los derechos tiene sus límites". Asimismo, reconoció que la presidenta del Parlamento Vasco le ha remitido ya las actas del pleno celebrado el día 14. Además de las actas, Bakartxo Tejería ha mandado también a la Fiscalía de la CAV un texto en el que muestra "su preocupación" por las acciones que se pudieran emprender contra Laura Mintegi. A juicio de la presidenta del Parlamento Vasco, "la inviolabilidad parlamentaria" ampara a la portavoz de EH Bildu.
Con la transcripción de lo que se dijo en la Cámara de Gasteiz en sus manos, el fiscal de la CAV señaló que estudiarán el contenido de las actas y tomarán una decisión. "Espero que, en breve, podamos resolver lo que se tenga que resolver en comunicación con el fiscal general del Estado", apostilló.
Pese a las diligencias abiertas, Calparsoro manifestó que él no tiene información de que esta actuación tenga relación con una posible demanda de ilegalización de EH Bildu. "No tengo información que vincule una cosa con otra. Por nuestra parte está claro que había una sensación de afrenta a las víctimas y considerábamos necesaria abrir esta investigación", zanjó.
Mano del Gobierno PP Por su parte, Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna y compañero de bancada de Laura Mintegi en el Parlamento Vasco, mostró ayer su convicción de que tras la decisión adoptada por el fiscal superior de la CAV se encuentra la mano del Gobierno español.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urizar no dudó en asegurar que las diligencias abiertas por las palabras de Mintegi "son una consecuencia de lo que el propio Gobierno del PP, una y otra vez, está dejando claro, y es que no tiene ninguna voluntad de superar un escenario que la sociedad vasca ha dado ya por superado" A su juicio, "está claro que hay una voluntad del PP, y los tentáculos del PP en estos momentos llegan a muchos sitios, de no avanzar y no permitir que avance la resolución de un conflicto, la realidad de una normalización política y social que es lo que queremos la mayoría, no solo política de este país, sino social también".
Sobre lo dicho por Mintegi, aseguró que "a unas palabras se les puede dar diferentes interpretaciones, pero aquí queda una cosa clara y es que todo el mundo es consciente de que la parte del conflicto político que ha derivado en la violencia y que ha generado tanto daño es un fracaso de la política". Sin embargo, Pello Urizar matizó que "en EA hemos condenado todas las muerte, sean de donde sean, pero lo que no podemos obviar es que el conflicto como tal tiene una raíz política y para nosotros ha sido un fracaso cada vez que eso ha terminado en daño".
