bilbao. Juan Diego, exgerente de EITB hasta 2009, declaró ayer ante el juzgado de Bilbao por una acusación de "malversación de fondos y delitos societarios" interpuesta por LAB, y defendida por la abogada de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia, y que fue admitida a trámite. Durante los últimos meses, Juan Diego y Mikel Agirre han sido sometidos a un duro marcaje mediático por la sección del sindicato en EITB, en una campaña que, según fuentes consultadas cercanas al caso, siempre ha tenido un claro objetivo político: desprestigiar al presidente del EBB Andoni Ortuzar e intentar desprestigiar el modelo de gestión de la radiotelevisión pública vasca.

"La querella de LAB es falsa de principio a fin", aseguró ayer Juan Diego tras declarar ante el juez. "La admisión a trámite de una querella solo significa que se han contado al juez unos hechos que, si fueran ciertos, podrían ser delito. Otra cosa muy distinta es que sean ciertos, y estoy convencido de que el Juzgado de Instrucción pondrá a cada uno en su sitio y aclarará, de una vez por todas, que las acusaciones contra mi persona no tienen ningún fundamento", añadió el exdirectivo de EITB, para quien la actuación de LAB tiene un claro objetivo: "El sindicato ha orquestado una campaña política para desprestigiar a Andoni Ortuzar y al modelo de gestión que este impulsó en EITB".

Los miembros del comité de empresa de LAB en EITB esperaron al inicio de la campaña electoral de las autonómicas del pasado octubre para denunciar en una rueda de prensa la gestión de Andoni Ortuzar y acusar a su equipo de haber firmado un aval 700.000 euros con la BBK en favor de Vilau, una empresa participada por el ente. Tras las elecciones, el sindicato anunció una querella contra Juan Diego por este aval y también por haber pertenecido al consejo de administración a título particular, un hecho que la documentación aportada por el exgerente de EITB desmentiría.

Surio y arratibel Juan Diego aclaró y probó con documentos que el aval otorgado únicamente comprometía a EITB por un año y que cumplía con todos los requisitos legales. "Que Alberto Surio, director general hasta hace poco menos de un mes, y Patxi Arratibel, anterior director de Estrategia, conocían la situación de este aval y lo mantuvieron hasta 2012 no ha sido denunciado por LAB en ningún momento en su campaña contra Juan Diego y Mikel Agirre, dos personas que difícilmente podían defenderse públicamente de las acusaciones que se han vertido sobre ellas", subrayan las mismas fuentes.

Un simple repaso a las notas de prensa publicadas por LAB-EITB sobre el ente revela que el número de denuncias hechas públicas en los últimos meses contra la gestión de Ortuzar duplica las realizadas a la labor de Alberto Surio y sus gestores en los tres años y medio que han permanecido al frente de EITB.

Tras las acusaciones realizadas en octubre de 2012, la central sindical reventó el tema en febrero pasado, coincidiendo con la renuncia de Mikel Agirre como candidato del PNV para dirigir el ente. Cuando Agirre anunció que renunciaba a seguir como candidato, LAB se apresuró a filtrar a determinados medios de comunicación que la denuncia contra Juan Diego había sido admitida a trámite y relacionaba la decisión de Agirre con la querella.

documentos En su declaración de ayer, según ha podido saber DNA de fuentes cercanas a la acusación, Juan Diego acreditó con documentación su presencia en el consejo de administración de Vilau y ofreció su versión sobre cómo se desarrolló toda la operación y cómo la dirección siguiente a la suya permitió que el aval permaneciera vigente hasta dos años después. Estas mismas fuentes han asegurado que pedirán la documentación pertinente para confirmar la declaración del exgerente de EITB.