Pamplona. EL proceso de pacificación y normalización en Euskadi, que alberga en la política penitenciaria una vertiente trascendental, tiene marcado en rojo la fecha del próximo miércoles, día en el que los 17 jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se reunirán para revisar la derogación de la llamada doctrina Parot, tras el recurso que interpuso el Gobierno español a la solicitud emitida por Estrasburgo el pasado 10 de julio de 2012 de poner "a la mayor brevedad posible" en libertad a la miembro de ETA Inés del Río. En aquella sentencia ya afirmó que esta doctrina "vaciaba de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973", obligando asimismo al Estado a indemnizar a la demandante con 30.000 euros por los daños morales y 1.500 por los gastos judiciales. Pero más allá de las consecuencias que se deriven de lo que establezca el tribunal en cuanto al plano personal de los implicados, cobrarán relevancia los efectos que atañen al horizonte de paz después de que ETA anunciara hace 17 meses el cese definitivo de la violencia.

Fuentes del Ministerio del Interior manejan como "muy probable" que el Tribunal Europeo eche por tierra el recurso que presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Estamos muy preocupados", admitía esta semana fuera de foco y con cariz pesimista un alto cargo del equipo de colaboradores del ministro Jorge Fernández Díaz. No tanto por los 102 presos (71 de ellos pertenecientes a la organización armada) que, según los datos de los que disponen, lograrían quedar en libertad, sino porque ello obligaría al Gobierno español a aparcar su inmovilismo dentro de la posición cómoda en que se mueve, dado que desde el mundo de ETA tampoco se ha procedido, siquiera mínimamente, a la petición expresa de que la banda se disuelva y entregue las armas, más allá de algún gesto simbólico o guiños procedentes desde la izquierda abertzale. No en vano, ésta necesita también de una sentencia favorable a sus intereses, una especie de bocanada de aire, atrapados como están ambos extremos en este compás de espera impredecible donde desde un lado y otro aguardan a que alguien tire de la cuerda.

"Acataremos, como no puede ser de otra manera, la decisión que se adopte", sostenía Fernández Díaz, amparándose en la "alarma social" y las "graves consecuencias para la seguridad pública" si el tribunal desbarata la doctrina Parot, porque, aunque en esencia está diseñada para los casos de miembros de ETA, la referencia a delincuentes como Miguel Ricart -uno de los asesinos de las tres niñas de Alcasser- o Pedro Luis Gallego -conocido como el violador del ascensor- sirve de cobertura a las pretensiones del Ejecutivo Rajoy. El propio colectivo de presos de ETA ya ha avisado además de que una resolución negativa sería "peligrosa" y de que el proceso de paz no quedará resuelto hasta que los Gobiernos de España y Francia no excarcelen a todos los componentes de la organización armada. "Queremos y tenemos que tomar parte en el proceso en la calle y desde la calle", señalaban recientemente sus portavoces Xabier Alegria y Lorentxo Gimon. Por eso, a su juicio, "nadie entendería una decisión negativa de Estrasburgo, sería muy peligrosa y negativa". En este sentido, Joseba Urrosolo Sistiaga, preso de la vía Nanclares, argumentaba que si la doctrina se revoca, "que parece lo más probable, se escenificará como una victoria. No sabemos cómo gestionará el Gobierno español esta situación. Pero la cuestión es que, en el mejor de los casos, empezarán a salir los presos que sin doctrina Parot ya han cumplido el total de sus condenas. Esto afecta a un grupo que antes tenían redenciones, pero no a todos. Hace años que dejaron de dar redenciones y los que están con el Código Penal nuevo tampoco las tienen".

Preparando el terreno En el polo opuesto, el ministro español defiende sus postulados bajo el prisma de que la doctrina "no representa, en ningún caso, ampliación de pena", insistiendo en que las políticas de concesión de libertad y su forma de aplicarlas forman parte de las competencias de los Estados miembros: "Parece lógico que España y Europa tengan el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo de la amenaza terrorista sino también de peligrosos criminales como la delincuencia organizada, los asesinos múltiples o los violadores, que causan una honda preocupación ciudadana". En verdad, lo que hace el Gobierno de Madrid es preparar el terreno después de que ignorara la anterior sentencia a pesar de que el TEDH, en los puntos 82 y 83 de su fallo, apelara a la jurisprudencia del propio tribunal citando al artículo 46 del Convenio Europeo, que se refiere a "casos excepcionales", y considerara que "España debe garantizar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad posible", situando la negativa del Ejecutivo del PP en el ámbito del desacato, si no formal porque la resolución no es técnicamente vinculante, sí ético.

El actual Gobierno vasco ya le trasladó a Rajoy, de cara a la necesidad de "gestionar adecuadamente" el final de ETA, la derogación de esta doctrina, dentro de un mensaje en el que el lehendakari Urkullu insta también a la banda a su pronta disolución. Mientras, desde la izquierda abertzale han sido numerosas las iniciativas en defensa de los "derechos fundamentales" de los presos, incluido el registro de una moción en el Parlamento Vasco en la que emplazaba a gestar un plan para la repatriación de los reclusos. EH Bildu sostiene que la doctrina se ha aplicado ya a 83 presos de ETA -56 de ellos aún en prisión- con intención de "condenarles a cadena perpetua", por lo que reclama que deje de tener efecto porque "vulnera los derechos humanos básicos" al valorar que "pasar más de 20 años en la cárcel conlleva consecuencias físicas y psicológicas irreversibles", según el parlamentario Julen Arzuaga.

La sentencia del pasado julio invitaba a poner fin a una práctica judicial que es altamente discutible desde la perspectiva constitucional, y es que después de seis años de aplicación de la doctrina Parot, el TEDH, encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en el territorio de 47 Estados del viejo continente, puso freno a una norma muy poco casable con el principio de legalidad penal previsto en el artículo 25 de la Constitución española. Todo ello porque el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia anterior y convertía en criterio judicial la máxima de que el fin justifica los medios.

Entre presiones y augurios En esta tesitura, la izquierda abertzale dice tener constancia de que el secretario de Seguridad del Estado, Francisco Martínez Vázquez, se ha encargado de presionar a los medios de comunicación más relevantes del Estado para que, en nombre del Ejecutivo, colaboren activamente en crear esa alarma a pie de calle, amén de que, a juicio de Hasier Arraiz, coordinador del Consejo Nacional de Sortu, el Gobierno español ha tratado de influir en los jueces del TEDH. Ello puede obedecer a que Madrid camina avalada por la escasez de guiños procedentes del mundo de ETA, de ahí que, por ejemplo, se apuntara como un gran éxito que Noruega haya expulsado a tres dirigentes de la talla de Josu Ternera, David Plá e Iratxe Sorzabal. Y es que el anuncio que hace unas semanas hizo la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, de que la banda, más pronto que tarde, daría pasos hacia el desarme, sigue quedándose solo en eso, en un vaticinio.

Que ninguna de las partes juegue su pieza en el tablero solo ha conducido a que la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA haya transmitido a todas las partes involucradas en el proceso de pacificación, pero especialmente a ETA y al Gobierno español, que o se aprovecha pronto esta "oportunidad histórica" o podrían disolverse el próximo mes de septiembre. La resolución final que adopte Estrasburgo forzará innegociablemente al Ejecutivo de Rajoy a posicionarse, al menos a averiguar cómo interpreta el escenario resultante. Pero no será el único que deberá mostrar los ejes sobre los que quiere circular.