palma. El juez del caso Nóos, José Castro, rechazó ayer los recursos presentados por Iñaki Urdangarin y Diego Torres contra la fianza de casi 8,2 millones de euros impuesta a ambos para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse contra ambos. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma mantiene, en contra de los criterios de las defensas del duque de Palma y su exsocio, que "no se adivina dónde radica la indefensión" que proclaman los imputados "cuando (para fijar la fianza) no se hace uso absolutamente de nada que no esté incorporado a la causa y esté en poder de los recurrentes".

Mediante una resolución dictada ayer, el magistrado confirma la caución decretada e incide en que "es muy posible que si se hubieren escatimado antecedentes de hecho (en el auto por el que impuso la fianza a ambos) la censura vendría precisamente por su escasez".

argumentos Los abogados defensores de Urdangarin, Mario Pascual Vives, y Torres, Manuel González-Peeters, presentaron sendos recursos de reforma contra la orden del juez de que garantizaran que podían hacer frente con sus propiedades al abono de 8,18 millones de euros. El letrado del Duque de Palma alegó argumentando que la fianza impuesta es "desproporcionadamente excesiva", por lo que de ejecutarse le generaría "un empobrecimiento injusto". Mario Pascual apuntaba que en la suma requerida a su cliente se incluyen importes ya abonados por Urdangarin en concepto de IVA e IRPF y señalaba que "resultaría más equitativa" la cifra de 5,9 millones, dado que, según su versión, esa es la cantidad que suman las facturas por los congresos organizados en Valencia y Baleares que la Policía Judicial considera supuestamente falsas.

Por su parte la argumentación del abogado de Torres contra la fianza se basó en que era el marido de la infanta Cristina quien siempre "disponía, decidía y ordenaba" en el Instituto Nóos, y no su cliente.

La amenaza del TC Conocida ya la decisión del juez Castro, lo que queda por determinar es si la defensa de Iñaki Urdangarin cumplirá la amenaza de llevar la cuestión hasta el Tribunal Constitucional. El argumento con el que Pascual Vives justificaba este aviso es que durante la instrucción del caso "se ha vulnerado el derecho de defensa" de su cliente, que "no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa".