Iruñea. El Parlamento de Nafarroa aprobó ayer una declaración institucional en la que exige a Yolanda Barcina la "dimisión inmediata de su cargo de presidenta del Gobierno". El texto cuenta con la firma de los representantes de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra (I-E). Solo el PPN y UPN, de todos los grupos que integran la Mesa y la Junta de la Cámara, no lo apoyaron, en el caso de los populares por entender que no es la fórmula adecuada para pedir su dimisión. Eso sí, el portavoz del PPN, Eloy Villanueva, consideró que la jefa del Ejecutivo "debe asumir la máxima responsabilidad por un escándalo que supone una grandísima tomadura de pelo a los ciudadanos". "La máxima responsabilidad es, evidentemente, irse a su casa", zanjó.

La reprobación y "más enérgica repulsa" del Parlamento ante el "abuso e irregularidad en el cobro de dietas" de Caja Navarra se extiende también al expresidente Miguel Sanz; al alcalde de Iruñea, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía, Álvaro Miranda. En el primer punto de la declaración, la Cámara denuncia que todos ellos, junto a Barcina, "se lucraron de forma irregular y contraria a los principios éticos y políticos mediante el cobro de dietas y con voluntad expresa de ocultación a la ciudadanía". El segundo punto considera que la actual presidenta "no está habilitada para ostentar el máximo cargo de responsabilidad institucional" de Nafarroa y en el tercero pide su renuncia.

Además del voto negativo del PPN, la demanda casi unánime de que Barcina cese en sus funciones concitó, como no podía ser de otra forma, el rechazo de su partido. Pero fue un respaldo tibio y casi obligado. "Como comprenderá he votado en contra de la declaración, pero la dimisión es una cuestión personal", se limitó a decir el portavoz de UPN, Carlos García Adanero.

Mucho más contundente fue Roberto Jiménez, del PSN. "Barcina no goza de nuestra confianza, está en minoría parlamentaria y entendemos que es un lastre e impedimento para esta comunidad", manifestó el líder de los socialistas navarros, para quien "lo que procede es que dimita". Y en el previsible caso de que no cumpla el mandato de la Cámara, Jiménez contempló la posibilidad de impulsar una moción de censura. "Debe dimitir, pero si no lo hace, ya veremos", añadió.

Desde Bildu, Bakartxo Ruiz estimó que la declaración aprobada supone "una moción de censura de facto" ante la que "no queda otra que convocar elecciones anticipadas", ya que "UPN y Yolanda Barcina no pueden seguir un minuto más gestionando y tocando un solo euro de dinero público". Precisó, además, que si Barcina se aferra al cargo, "Bildu está analizando seriamente la posibilidad" de presentar una moción de censura.

Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) incidió en que este pronunciamiento de la Cámara "tendría consecuencias inmediatas en un país democráticamente desarrollado". "Si un presidente ve que la mayoría del Parlamento pide su dimisión, lo acata y dimite", dijo, pero "si no lo acata, no actuaría como en un régimen democrático avanzado".

En la misma línea, Marisa de Simón (I-E) recalcó "la incapacidad de UPN y de su presidenta para gobernar" y apeló a la unión de la oposición para provocar la marcha de Yolanda Barcina: "Ha llegado la hora de la moción de censura que nuestro grupo demanda desde hace tiempo". Por su parte, Geroa Bai respaldó la declaración del Parlamento y pidió elecciones. "Lo sucedido estos días no tiene otra solución que un adelanto electoral", reclamaron los parlamentarios Manu Ayerdi y Patxi Leuza.

Complemento salarial La presidenta del Gobierno de Nafarroa ha percibido 27.041 euros desde 2012 en virtud del complemento salarial aprobado para compensar la renuncia al cobro de dietas en Caja Navarra y las sociedades públicas. Dicho complemento, que en su caso es el equivalente al 33% de su sueldo, (23.178,15 euros brutos anuales), se suma al salario oficial que hasta finales de 2011 tenían reconocido todos los miembros del Gobierno, y que es de 69.534,46 euros para la jefa del Ejecutivo.

Este aumento salarial fue aprobado en noviembre de 2011, apenas un mes después de que este diario destapara el cobro de dietas en Caja Navarra, lo que llevó a Barcina a anunciar que se dejaban de percibir estos sobresueldos. Fue, según el Ejecutivo, una forma de compensar la renuncia a las dietas, subrayando la "voluntad del Gobierno de ponerse a la altura de las circunstancias económicas".

En la práctica, este sobresueldo ha sustituido a la retribuciones extrapresupuestarias percibidas hasta entonces, fundamentalmente de Caja Navarra, y que Yolanda Barcina ahora ha decidido devolver de forma íntegra, tanto lo percibido de la Permanente como de la Junta de Entidades Fundador, la equivalente hasta entonces del Consejo de Administración. Una decisión que abre el debate sobre la legitimidad de los sobresueldos percibidos de Caja Navarra y, por lo tanto, también el complemento retributivo aprobado para compensar la pérdida adquisitiva que supuso para los miembros del Gobierno foral.

Investigación El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco admitió ayer su competencia para investigar las actuaciones internas de Caja Navarra relatadas en la querella presentada por UPyD, entre las que se encontrarían no solo el proceso de fusión de Banca Cívica y su posterior salida a Bolsa, sino otras actuaciones previas como el "cobro indebido" de dietas por parte de cargos políticos. Este asunto formaba parte de la instrucción llevada a cabo hasta ahora por la juez Mari Paz Benito en el juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea.