BILBAO. Iria y Aierdi han realizado estas declaraciones durante la primera sesión del juicio que se celebra contra ellos por "prevaricación administrativa" al permitir estudiar a González Peñalva y a Lete, que se encontraban deportados en la República Dominicana y en Cabo Verde, respectivamente. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación especial.
Los dos acusados, que solo responden a preguntas del ministerio público y de la defensa, han asegurado que los deportados estaban en las mismas listas de presos que "el resto". Asimismo, han señalado que la UPV/EHU era "conocedora" de esta situación. En 1988, mediante un acuerdo suscrito en diciembre de 1998 entre la UPV/EHU y el centro de Bergara de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), se articuló un sistema de alumnos especiales para hacer posible que personas recluidas en centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pudieran acceder a carreras impartidas en la UPV/EHU. Este se extendió más tarde a reclusos de prisiones francesas, algo que fue aceptado por los máximos responsables académicos de la UPV/EHU.
Los profesores que se sientan en el banquillo de los acusados han asegurado que ellos no se encargaban de las matriculaciones, sino de "organizar y tutorizar" los estudios de los reclusos, en cuya lista se encontraban también los dos deportados. En todo caso, han aseverado que la Universidad conocía "esta situación".
En su escrito de acusación, La Fiscalía destaca que, "en circunstancias no conocidas", fueron incorporadas "al sistema de alumnos especiales personas deportadas por Francia a diversos países a causa de su pertenencia a la organización terrorista ETA".
ARBITRARIEDAD
El ministerio público subraya que "la inclusión y mantenimiento de deportados en el sistema de alumnos presos resultaba arbitraria", ya que éstos, "al no estar en centros penitenciarios, carecían de un requisito necesario para formar parte de dicho sistema, siendo notorio que la lejanía geográfica con Cabo Verde y la República Dominicana, impedía articular un sistema de garantías que asegurara que las asignaturas se cursaban con el debido rigor".
Por ello, afirma que "la presencia de deportados en el sistema de alumnos presos se produjo sin cobertura jurídica alguna y sin recabar la autorización de los máximos responsables de la Universidad": los sucesivos rectores en esos años, Peio Salaburu y Manuel Montero.
