madrid. Antes de la primera declaración de Iñaki Urdangarin ante el juez en enero de 2012, su abogado contrató a una empresa para que recuperara los e-mails que durante años el duque envió desde su cuenta del Instituto Nóos. Su exsocio Diego Torres todavía no había publicado estos correos pero ya había amenazado con revelar su contenido por lo que la defensa del duque decidió refrescar su memoria recuperando esos correos.

El trabajo fue realizado por la empresa propiedad de Matías Bevilacqua, un argentino que hasta 2008 estuvo colaborando con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Un hecho que el abogado de Urdangarin y encargado de contratarla, a un precio de 7.000 euros, dice que desconocía. Mario Pascual Vives además añade que la única tarea que tenía Bevilacqua era "poner en orden los e-mails" -más de 30.000- que recibió del Juzgado de Instrucción 3 de Palma que instruye el caso Nóos. Para ello se le entregó una copia del disco duro que requisó la Policía y que estaba guardado en el despacho de abogados Medina-Tejeiro, propiedad de los cuñados de Diego Torres que llevaban la gestión administrativa y fiscal de las empresas de Urdangarin.

Según explicó ayer Pascual Vives, la empresa del exagente del CNI CFLabs no fue elegida por el anterior trabajo de su propietario sino que fue escogida después de haber escuchado una charla en la que ofrecían sus servicios.

El letrado indicó que decidió contratar a esta empresa "en enero del año pasado, antes de la declaración de Urdangarin", ante la elevada cifra de e-mails sobre los que interrogaba el juez.

supuesto agente del cni El nombre de Matías Bevilacqua ya estuvo relacionado con otra operación policial y también por el supuesto robo de correos electrónicos.

Se trata de la operación Pitiusa, una trama descubierta en mayo de 2012 donde se acusaba de espionaje a más de 3.000 personas, entre ellas detectives privados, policías, guardia civiles y diversos funcionarios y empleados públicos.

En ese momento, Bevilacqua aseguró trabajar para el CNI. Tanto es así que atribuyó los 140.000 euros que la policía encontró en una caja fuerte de su domicilio a pagos que le había abonado el ministerio de Defensa por distintos trabajos.

Algo que, por lo menos en parte, confirmó ayer el ministro de ese departamento, Pedro Morenés. Sin hablar de las cantidades que su ministerio pagó a la empresa CFLab, Morenés admitió que esta compañía trabajó con ellos pero quiso desvincularse de su propietario al asegurar que "nunca" ha sido agente del CNI. "Este señor no es ni ha sido nunca un agente del CNI", recalcó el ministro.

Morenés reconoció también que la empresa estuvo realizando "temas de software y conocimientos de informática" hasta el año 2008, "contrato de acuerdo con la ley de contratos del Estado, como no puede ser de otra forma. Esto es lo que hay entre este señor y el CNI", apuntó y añadió que "desde el año 2008, ya no trabaja para el CNI por ninguna razón, sino simplemente porque se acabó su contrato. El CNI aprendió todas las técnicas que este señor sabía".