El PP afila su ariete contra los municipios

El PP afila su ariete contra los municipios

w Tendrán menos financiación y competencias y ofrecerán menos servicios w Está por ver hasta qué punto la salvaguarda de la especificidad foral aliviará la situación de los ayuntamientos vascos

Raquel ugarriza

VITORIA. La incertidumbre es la tónica dominante en los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, cuadrillas y concejos desde que el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy adelantó su intención de realizar una reforma a fondo de las administraciones locales. El resultado, ya plasmado en un borrador de anteproyecto de ley que el Gobierno español ha trasladado a todas las partes afectadas, es peor de lo que esperaban. Con la argumentación de que pretende garantizar la eficiencia y el saneamiento financiero de las instituciones locales, el PP someterá a los ayuntamientos a un duro régimen que pasa por adelgazar sus competencias, controlar sus cuentas y disolver e intervenir cualquier entidad local que no cumpla las estrictas normas que ultima el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En definitiva, menos poder municipal y más control por parte de las diputaciones, comunidades autónomas y el Gobierno español.

La revuelta entre los municipios es generalizada. Después de muchos meses de conversaciones, el PP ha sido incapaz de acordar una reforma de tanto calado con el PSOE, único partido con el que entabló contactos. La Federación Española de Municipios y Provincias está dividida. El desconcierto es tal que alcaldes populares de todo el Estado están saliendo a la palestra para defender la autonomía municipal y rechazar el borrador. Todo un panorama que augura una tormentosa tramitación de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

A falta de que durante su trámite parlamentario se introduzcan modificaciones, el PP promete que ahorrará al erario público 7.129 millones de euros en dos años, sobre todo, eliminando duplicidades y las competencias impropias que prestan los municipios, esto es, las que estando atribuidas a otras administraciones son asumidas por los ayuntamientos.

En el ámbito más cercano, la repulsa al texto presentado por Cristóbal Montoro es mayoritaria. Los gobiernos vasco y navarro ya han anunciado que presentarán alegaciones al texto durante el periodo de consultas previas antes de que llegue al Consejo de Ministros, debido a su invasión en competencias en los regímenes forales de ambas comunidades. La presidenta de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Ibone Bengoetxea, la tacha de recentralizadora y que hace tábula rasa de todos los ayuntamientos, crítica que comparten PNV, EH Bildu, PSE y el Parlamento navarro. Y es que la invasión competencial y la omisión de la singularidad foral vasca planea sobre el anteproyecto. Ni una sola vez en las 46 páginas del borrador se alude a la especificidad de las diputaciones forales y Juntas Generales -que nada tienen que ver con las diputaciones provinciales de régimen común-, instituciones que tienen la competencia exclusiva en la organización institucional y territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.

compromiso frente a una ley de bases Esta incertidumbre fue despejada en parte el pasado martes en el Congreso, después de que el PNV lograra el compromiso del Ejecutivo español de reflejar "la singularidad del entramado institucional vasco". Pero habrá que esperar a conocer cómo se traduce dicha salvaguarda en el anteproyecto definitivo antes de cantar victoria, ya que se trata de una ley de bases de obligado cumplimiento. En principio, y a falta de conocer el texto definitivo, el objetivo principal de las instituciones vascas pasaría por dejar bien definido el modelo singular de financiación municipal que existe en la CAV así como la competencia exclusiva de la organización institucional y territorial.

La reforma del PP tampoco contempla ningún tipo de excepción para las administraciones locales que, históricamente, han demostrado saber gestionar sus recursos con eficacia y eficiencia, como han sido las vascas por término general. Nada que ver con el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una deuda viva de 6.348 millones de euros.

los pequeños, sin servicios sociales Pese a lo abultado de la deuda acumulada por las grandes ciudades españolas, las entidades más perjudicadas por esta reforma son los ayuntamientos de menor tamaño. A los municipios de menos de 20.000 habitantes se le retirarán competencias como la prestación de servicios sociales. Esto significa que los ciudadanos de localidades como Gernika, Ermua, Laudio o Tolosa deberán desplazarse a la diputación foral correspondiente para recibir las prestaciones relacionados con los servicios sociales. ¿Qué labores abarcan los servicios de bienestar social de los ayuntamientos? Muchos. Un ejemplo es Amorebieta que, de aplicarse esta reforma como hoy está redactada, dejará de ofrecer el servicio de ayuda a domicilio a mayores y el centro de día, las prestaciones para personas con discapacidad, la escuela de padres y madres, la atención psicológica y jurídica a mujeres y los programas de formación y empleo. No solo eso: dejaría de abonar las Ayudas de Emergencia Social (AES) y ya no podría tramitar otras ayudas y pensiones de la Diputación. Según la reforma, los municipios de más de 20.000 habitantes podrán seguir con estas prestaciones si la comunidad autónoma accede a delegar esas prestaciones.

Los ayuntamientos no solo verán recortados sus competencias en servicios sociales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas fijará anualmente un coste estándar de cada servicio público para todos los ayuntamientos del Estado español. Si comprueba que el servicio que presta un municipio determinado supera ese coste estándar y se trata de una competencia impropia, se suprimirá dicho servicio. Si el coste es superior pero es una competencia propia, las diputaciones asumirán los servicios en localidades con menos de 20.000 habitantes. El temor que tienen los munícipes vascos es que el adoptar el coste estándar estatal obligue a los municipios de nuestro entorno a rebajar la calidad de los servicios que prestan para adaptarse a unos precios más moderados que los acostumbrados tradicionalmente en la CAV.

interventores estatales y con poder Pero los propios ayuntamientos están bajo sospecha. En aras de "racionalizar" el sector público local, se impedirá a los ayuntamientos la creación de ningún organismo o empresa pública durante lo que dure su plan de ajuste. Asimismo deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes o liquidarlas. A ello se suma el anuncio de que serán intervenidos los municipios de menos de 5.000 habitantes que tengan en vigor un plan de ajuste para reducir su deuda e incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En este punto, aparece uno de los apartados más polémicos de la futura normativa. Serán los interventores municipales, encargados de vigilar la gestión municipal, los que avisarán a la respectiva diputación en el caso de que su ayuntamiento esté incumpliendo sus objetivos de reducir la deuda. Y es que, a partir de la entrada en vigor de la ley, se refuerza el papel del secretario y del interventor, que tendrán más autonomía frente al alcalde y que vuelven a ser personal que depende del Gobierno español. Será precisamente el ministerio el que establezca las normas sobre los procedimientos de control, así como los criterios que deberán aplicar los interventores. Por lo pronto, el borrador prevé que estos altos funcionarios envíen al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones de los alcaldes y plenos municipales contrarios a los reparos de los interventores, esto es, a los informes razonados de los procedimientos legales que se incumplen cuando se adoptan determinadas decisiones de gasto y aún así se ejecutan.

Los sueldos, ¿una cortina de humo? Muy publicitada por el Gobierno de Rajoy ha sido su intención de bajar los sueldos de los alcaldes, así como de limitar el número de concejales con dedicación exclusiva, esto es, que cobren un sueldo íntegro del ayuntamiento. Pero estas medidas de recorte solo supondrán el 2% del impacto económico del total de la reforma. Sin embargo, las consecuencias para los que se dedican a la política municipal son notorias. Según el borrador, el sueldo de los concejales, incluidos los alcaldes, tendrá como referencia máxima la retribución que cada año establecen los Presupuestos Generales del Estado para los secretarios de Estado y que, para 2013, está establecido en 71.886 euros brutos (dividido en 12 mensualidades y dos pagas extra). Pero solo los alcaldes de Madrid y Barcelona podrán igualar esta retribución. De aplicarse esta reforma, el alcalde de Bilbao , Iñaki Azkuna, pasaría de ingresar 89.000 euros anuales a un máximo de 64.697. Los recortes afectarían a la mayor parte de los ediles vascos. En la parte baja de la tabla, los munícipes de poblaciones entre 1.001 y 2.000 habitantes podrían cobrar de máximo 14.377 euros anuales. Quedarían sin retribución los concejales y alcaldes de poblaciones de menos de mil habitantes.

El borrador establece también el número de concejales con dedicación exclusiva, de manera que de los 29 ediles del Ayuntamiento de Bilbao, solo 20 cobrarán sueldo. En el caso de Gasteiz, Donostia y Iruñea, solo 18 de los 27 concejales tendrán una retribución completa.

La tramitación de la reforma local se prevé complicada; causa reticiencias incluso entre los alcaldes 'populares'

El Gobierno Vasco presentará alegaciones al texto, que según ha aprobado el PP respetará el entramado institucional vasco

Vista de una sesión plenaria del Ayuntamiento de Vitoria. Foto: alex larretxi