El nuevo tiempo político que vive Euskadi debe llegar también a la judicatura. Así lo entiende el fiscal superior del País Vasco Juan Calparsoro, quien en la comparecencia que realizó ayer ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento Vasco aseguró que en el escenario actual no tiene mucho sentido la actuación de la Audiencia Nacional en materia antiterrorista. A su entender, deben ser los juzgados territoriales de donde se ha cometido el delito quienes se deben hacer cargo de juzgarlos.

Calparsoro realizó estas declaraciones con motivo de la presentación de la Memoría de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) correspondiente a 2011. El fiscal superior del País Vasco, y en sintonía con la posición mantenida desde hace tiempo por partidos políticos vascos como PNV o EH Bildu, se cuestionó la validez actual de la Audiencia Nacional. "Fue un órgano de vanguardia en la lucha contra el terrorismo y en su momento tuvo su sentido, pero en el escenario actual puede volverse a recuperar esta competencia para los juzgados del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo", aseguró Calparsoso, que destacó también que pese a la valía que otorgaba a la Audiencia Nacional, "también ha cometido errores, como todos, como se demuestra en la cantidad de sentencias que han sido revocadas por el Supremo".

Calparsoro se refirió también a la situación de los presos de ETA para señalar que llegará un momento en que se deberá abordar su acercamiento a cárceles vascas, puesto que aunque dejó claro que no hay un derecho directo a ese acercamiento, sí lo hay en el caso de recibir la visita de familiares, algo que, a su juicio "facilita la reinserción".

Además, en su intervención hizo referencia a la denominada doctrina Parot , establecida en 2006 por el Tribunal Supremo, y al revés que supuso para el Gobierno español que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo diera la razón a la presa de ETA Inés del Río en su recurso contra la aplicación de esta medida que alarga las penas de los reclusos. Calparsoso recordó que Estrasburgo, y por unanimidad, aseguró que la doctrina Parot es contraria al Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Esta resolución está recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero a la espera de la sentencia definitiva, el fiscal Superior del País Vasco se refirió a lo que podría significar para las personas a las que se les ha aplicado esta medida. "Me abstengo de decir mi opinión personal, pero si se confirma la resolución de Estrasbugo, España deberá cumplirla. Lo que pasa es que para unas personas será un poco tarde porque a pesar de ese pronunciamiento siguen en prisión", manifestó.