En uno de los países más desiguales del planeta en la materia, el acceso y uso de la tierra está en el centro del conflicto desde hace medio siglo. En Colombia, un 1,15% de la población disfruta de más de la mitad de la tierra productiva, mientras que una mayoría de colombianos vive en la pobreza. Académicos, analistas y políticos coinciden en que el futuro del país y la solución al conflicto armado pasa por resolver la cuestión agraria: desde el uso y redistribución de la tierra hasta la salida al problema del narcotráfico. Y es que, a diferencia de sus vecinos regionales, Colombia nunca ha acometido una reforma agraria y, hasta el momento, los pasos del Gobierno de Juan Manuel Santos en la materia se han limitado a la restitución de tierras a víctimas del conflicto y a la entrega de baldíos del Estado, algo a todas luces insuficiente.

No es coincidencia, por tanto, que el primer punto de debate en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano sea la cuestión agraria. Ambas partes llegaron con dos visiones opuestas sobre la solución a esta cuestión, aunque con una coincidencia: el reconocimiento de la necesidad de profundas transformaciones en el agro colombiano. También identifican como una problemática a abordar la brecha entre la población urbana y rural. Y es que, según estadísticas oficiales, esta última no goza de las mismas condiciones, por ejemplo, en el acceso a la vivienda y la salud. Además, la pobreza en el campo es significativamente más alta que en las zonas urbanas.

"Digamos que hay un diagnóstico común de la situación de miseria que como maleza invadió el campo colombiano. Ni siquiera el gobierno tiene las fuerzas ni los argumentos para cuestionar esos tristes números de la injusticia", señaló alias Iván Márquez en una entrevista reciente. Desde que se sentaron a la mesa de negociaciones, ambas partes han acercado ya posturas. Según el diario colombiano El Tiempo, tanto el Gobierno colombiano como la guerrilla están de acuerdo en la creación de un fondo de tierras para distribuirlas entre los campesinos. Sin embargo, mientras que las FARC hablan de un fondo de unas 20 millones de hectáreas con tierras inadecuadamente explotadas -ahí entrarían latifundios que el Gobierno considera legales-, baldías, producto del despojo o incautadas a los narcos, la postura del Gobierno es que cualquier paso para democratizar el acceso a la tierra solo se dará con hectáreas incautadas a los grupos ilegales y con baldíos que fueron invadidos por empresarios del campo.

Dos de las principales reivindicaciones históricas de las FARC han sido el fin de los latifundios y la prohibición de la participación extranjera en el agro colombiano. Sin embargo, la guerrilla ha suavizado su postura en aras de lograr un consenso. Ahora, habla de limitar la extensión del latifundio y eliminar el "improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso", y de establecer "límites estrictos" a la compra de tierras por extranjeros.

La guerrilla ha aceptado, además, la convivencia de cultivos agroindustriales con los de pequeños propietarios, aunque sigue abogando por primar la economía campesina. Según las FARC, lo primordial es asegurar la alimentación interna, algo que en estos momentos no sucede. El Gobierno, por su parte, defiende la idea de que se cultive también para exportar, es decir, por un modelo de agroindustria que se convierta en uno de los motores de crecimiento económico. Todo ello con una visión de libre mercado.

"Es necesaria una reforma agraria porque Colombia es un país que ha postergado ese cambio trascendental que lo convertiría en una nación moderna", sostiene el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda. Según el congresista, "aquí no se está discutiendo si dejar sin propiedad a los grandes terratenientes, si acabar con la propiedad, si hacer el socialismo agrario, no se trata de eso, es simplemente una reforma que democratice ciertos aspectos de la vida rural".

Los ganaderos Además de las visiones del Gobierno y de las FARC, en La Habana también se están debatiendo las propuestas que la sociedad civil presentó a través del Foro Agrario organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia en diciembre. En él participaron más de 1.300 ciudadanos de 522 organizaciones gremiales, empresariales y de campesinos. No así la poderosa Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), que se opone al proceso de paz que se está llevando a cabo. Ambas partes en las negociaciones reconocen su preocupación por que 39 de las 44 millones de hectáreas productivas estén destinadas al ganado y menos de 5 millones, a la agricultura. Todas estas cuestiones deberán resolverse antes de pasar a debatir el resto de las cuestiones del conflicto.

Sin embargo, primero tendrán que rebajar la tensión surgida en los últimos días, a raíz de que la guerrilla anunciara que seguirá secuestrando policías y militares. Según los negociadores del Gobierno, las FARC quieren forzar un alto el fuego, algo que, de momento, las autoridades no barajan.

Seis millones de hectáreas A dos visiones inicialmente opuestas sobre "desarrollo agrario" se suma, además, el espinoso asunto del despojo que han llevado a cabo los grupos armados. Naciones Unidas calcula que hasta seis millones de hectáreas han sido arrebatadas a las comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, principalmente por paramilitares, que en muchas ocasiones actuaron en connivencia con las fuerzas de seguridad. Colombia aprobó hace año y medio la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor a comienzos de 2012. La norma reconoció por primera vez oficialmente la existencia de un conflicto armado en el país y prevé resarcir a cuatro millones de víctimas -entran en esta categoría aquellos que sufrieron abusos a partir de 1985, mientras que para el caso de la restitución de tierras se tendrá en cuenta a partir de 1991-.

Para ello, el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos ya ha abierto oficinas de Unidad de Tierras (departamento dirigido por Ricardo Sabogal) en quince regiones del país y se han instalado 22 jueces capacitados para tramitar las solicitudes. Esta ley fue considerada histórica tanto por el Gobierno como por la comunidad internacional, y a su promulgación asistió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Sin embargo, según Amnistía Internacional (AI), la norma tiene graves deficiencias. Por ejemplo, que podría legitimar la apropiación indebida de algunas tierras. Pero el principal desafío es la falta de protección a las personas que regresan a sus tierras y el peligro que corren quienes hacen campaña por la restitución.

Desde la aprobación de esta ley, la situación para los dirigentes de las comunidades desplazadas y los activistas que hacen campaña por la restitución ha empeorado, y ya son 69 los activistas asesinados. En julio del año pasado apareció un panfleto firmado por el "ejército antirestitución" con los nombres e imágenes de 13 defensores de derechos humanos, declarados objetivos militares. Entre ellos figuraban la exsenadora Piedad Córdoba y el congresista del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda. "Son trece guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos", decía la nota, enviada a los trece objetivos.

Una semana antes, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe de riesgo, según el cual las amenazas de un "ejército antirestitución" obedecían a la aparición de nuevas estructuras armadas surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares. "Los dirigentes de comunidades desplazadas y activistas que hacen campaña por la restitución de tierras robadas están en el punto de mira de diferentes fuerzas paramilitares que, desde hace algunos meses, se autodenominan ejércitos antirestitución", advierte AI. Estos "ejércitos" tienen presencia en 400 de los 1.050 municipios del país.