madrid. La cúpula del Partido Popular defiende como legales las condiciones del finiquito acordado con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y señala que "no es la primera vez que se hace". En este sentido, el vicesecretario de Organización y Electoral de los populares, Carlos Florianoha rechazó ayer que haya fraude de ley por seguir pagando sus cuotas a la Seguridad Social tras ser despedido.

El aparato del PP eligió a Floriano para dar la cara después de que el miércoles se confirmara que el partido siguió pagando las cotizaciones de su extesorero hasta el pasado mes de diciembre, pese a haber asegurado que había sido despedido en 2010. Desde que en teoría fue rescindido su contrato y hasta que dejó de recibir dinero del PP, Bárcenas se habría embolsado al menos 400.000 euros procedentes de las arcas del partido.

En los pasillos del Congreso Floriano recordó que la relación laboral con Bárcenas "se extinguió en el 2010" y añadió que los términos del "acuerdo de despido" consistía en el "pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social, lo cuál no es ni la primera vez que se hace ni supongo que será la última". "Es algo que se viene haciendo con normalidad y por eso también lo hizo el PP", agregaba.

Al ser preguntado entonces si podría haberse cometido un fraude de ley por pagar las cuotas si Bárcenas había sido despedido, el responsable de Organización de los populares quiso cerrar el asunto con una sentencia: "Para nada".

La reclamación frente a este criterio se sitúa el de la oposición que pide que se investiguen esos pagos. El PSOE emplazó al Ministerio de Empleo ha investigar, a través de la Inspección de Trabajo, el finiquito prorrateado cobrado por el extesorero popular. En una pregunta registrada en el Congreso, la portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez del Castillo, recuerda que el PP ha admitido que pactó con Bárcenas el pago prorrateado de su finiquito y que el pacto incluía el pago "de las cotizaciones sociales" durante el periodo de prorrateo (casi dos años). "Ahora bien, puesto que las indemnizaciones no cotizan a la Seguridad Social, nos encontraríamos bien con la falsedad de la declaración sobre la extinción de la relación laboral, bien frente a infracciones muy graves de nuestro ordenamiento social cometidas por la empresa y el trabajador", sostiene la pregunta socialista.

En concreto, cita los artículos 23.1.c) y 26J de la Ley de infracciones y Sanciones del Orden Social y habla de un supuesto "falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, indebidas o superiores, o por simulación de la relación laboral". En ese contexto, el PSOE pregunta a la ministra Fátima Báñez si ha dado instrucciones a la inspección de Trabajo para que inicie actuaciones.