barcelona. Listas públicas de las donaciones a partidos o un blindaje del sistema de contratación son algunas de las ideas para luchar contra la corrupción propuestas por el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que también cree necesarios unos juzgados dedicados de forma exclusiva a perseguir el fraude.

Rodríguez Sol ha apostado por una mayor transparencia para evitar la corrupción política y, como una de las principales medidas, propone una ley de financiación de partidos que "de una vez por todas, con luz y taquígrafos", reconozca y asuma las donaciones.

En ese sentido, el fiscal defiende la difusión obligatoria de las donaciones de particulares a partidos políticos, por ejemplo mediante un registro público o dejando esa información en manos de las Cortes.

"Si usted quiere dar dinero, como igualmente lo va a dar, hágalo, pero de forma transparente", señala Martín Rodríguez Sol, que el pasado mes de julio tomó posesión de su cargo en sustitución de Teresa Compte.

Otras de las ideas que ofrece el fiscal para combatir la corrupción es el blindaje del sistema de contratación administrativa mediante una "normativa clara sobre concursos" en la que sea esencial el papel de control de los interventores y se limite el margen de maniobra de la administración. En opinión de Rodríguez Sol, la administración tiene que tener "cierto campo de maniobra" en la gestión de las adjudicaciones públicas, pero sería necesario actuar para restringirlo en el caso de apreciarse un abuso de algunas prácticas.

Desde el ámbito judicial, el fiscal superior de Cataluña reclama que los jueces que asumen asuntos de corrupción puedan dedicarse en exclusiva a ellos, dado que se trata de causas que "suelen ser prolijas, confusas" y en las que los acusados acostumbran a estar respaldados por buenos equipos de abogados. "El cuello de botella está en el juez de instrucción", añade Rodríguez Sol, quien reconoce que "hace falta mucha vocación y empeño" para dedicar una atención especial a una investigación sobre corrupción sin que te distraigan las miles de causas que anualmente llegan a un juzgado.

El fiscal superior cree que una de las cuestiones que explica que en los últimos tiempos hayan aflorado tantos casos de corrupción es el uso de las intervenciones telefónicas. Para evitar que, como sucede en muchos casos, los tribunales acaben anulando las escuchas por ilegales, Martínez Sol ha pedido una regulación de la ley de intervenciones telefónicas, sobre la que no existe legislación, por lo que jueces y fiscales tienen que "ir tirando de la doctrina del Tribunal Constitucional y el Supremo".