una semana después, el enfermo tiene peor color. Lo cierto es que en siete días se ha afincado la extendida idea de que el sistema político e institucional español está minado por el cáncer de la corrupción y de que, de momento, no hay acuerdo en el diagnóstico y, por lo tanto, menos aún sobre la terapia que es preciso aplicar.

Mientras, vamos viendo los síntomas: el desapego hacia la política, la desconfianza en las instituciones, y el bajo nivel de consideración que merece la dedicación a lo público. Soy de los que creen que, aunque claramente mejorable, el esqueleto de las democracias representativas tal y como las conocemos es un sistema de articulación válido. Es más, creo que fuera de ese esquema empiezan territorios peligrosos plagados de demagogos, populistas y totalitarismos de todo pelaje.

En esta semana se han dado dos circunstancias que afianzan la sensación de que el Estado español está siendo gobernado por un conjunto de irresponsables más preocupados por salvar su pellejo político que por ejercer de manera responsable la tarea para la que han sido designados.

¿Cómo es posible que dos ministros, dos, que han mentido reiteradamente en público sigan aún formando parte del Ejecutivo? Si ellos mienten, ¿con qué autoridad exigen a la ciudadanía que no lo haga ante sus obligaciones con las arcas públicas? Cristóbal Montoro ha mentido de manera reiterada esta semana al asegurar que la amnistía fiscal no eximía de delitos. Es falso. Pero es que, además, hay indicios para pensar que aquella inmoral ley fue un traje a medida para favorecer a los implicados en la trama Gürtel.

Y Montoro, ahí sigue.

Ana Mato, ministra de Sanidad, también ha mentido. No es cierto que abonara su parte de esos escandalosos, por horteras, cumpleaños para sus vástagos que sufragaba la Gürtel. No es verdad, porque ha mentido sobre la fecha de su separación matrimonial (y patrimonial) aduciendo que se trata de una "cuestión privada". Esa información, por relevante, no queda a salvaguarda del interés público porque en ningún momento se viola su intimidad. Intimidad y privacidad no son lo mismo.

Mientras Rajoy sostenga a estos peones para tratar de poner a salvo el ejecutivo, Antonio Basagoiti se abrasa la mano.

Rajoy está acorralado y en una semana hemos pasado del "es falso" madrileño a "salvo alguna cosa" berlinesa. Veremos qué transitar jurídico tienen los papeles de Luis Bárcenas, pero de momento lo más verosímil es exactamente lo contrario de lo que explicó Rajoy. Es decir, que por lo que vamos sabiendo, más bien parece que todo es verdad, salvo alguna cosa (aún no demostrada como el reparto de sobres) que pudiera ser falsa.

Señalo el reparto de sobres porque es la parte quizás más llamativa y, salvo que aparezcan firmados los recibís, será prácticamente imposible acreditar su existencia. La propia naturaleza de los pagos bajo manga los convierten en difícilmente detectables. Aunque siempre estará el Calixto Ayesa de turno para decir que a él se lo traía crudo de Madrid su compadre Del Burgo. De puro bruto, parece tierno.

En estas circunstancias, el llamamiento de Rajoy para suscribir "un gran pacto" contra la corrupción se antoja como una infantil estrategia para tratar de ganar tiempo. Lo previsible era lo que ha ocurrido: el resto le ha dicho que no es el momento oportuno, que lo que toca ahora es barrer su casa y que después, ya se verá.

Empezaba señalando que creo en el sistema y más aún en la necesidad de que sea mejorado. Por señalar alguna mejora muy concreta, es urgente que se apruebe una Ley de Transparencia que permita a la ciudadanía acceder sin cortapisas a los datos relevantes que afecten a la función pública. En esto, el Estado español es una vergonzosa excepción dentro de las democracias occidentales.

Si las Cortes españolas siguen remoloneando con esta cuestión, no estaría de más que fuera el Gobierno vasco el que contribuyera a reforzar la democracia en nuestro entorno llevando un proyecto de ley de estas características al Parlamento Vasco. Pero no se trata de imitar esa ley navarra aprobada hace un año cuyo único fin era el de la propaganda y no el de la transparencia.

No se trata de inventar nada, sino de trasladar a nuestro entorno político instrumentos que ya funcionan en democracias más avanzadas y en las que sería impensable que se dieran estos casos de corrupción, y sobre todo de desvergüenza, a los que asistimos un día sí y otro también.