Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que reclame un informe a la Agencia Tributaria para que aclare si Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se acogió a la amnistía fiscal y tiene cuentas en el extranjero, según informó el Ministerio Público. Así consta en un escrito presentado ayer por la teniente fiscal, Belén Suárez, en el que se solicita al instructor del caso que solicite a la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda, "un informe acerca de si Jordi Pujol Ferrusola ha presentado la declaración tributaria especial". De igual modo, reclama que la Agencia "facilite cualquier otra información que refiera la existencia de percepción de rentas obtenidas fuera del territorio nacional, bien como persona física, bien a través de persona jurídica".

El magistrado tiene abiertas unas diligencias previas a raíz de la denuncia que realizó ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Alvarez. El pasado día 17 de enero confirmó ante el juez que acompañó a Andorra al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros, informaron fuentes jurídicas. La mujer ratificó los términos de la denuncia que realizó en diciembre ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sin aportar nuevos datos. En esa primera declaración aseguró que Pujol Ferrusola realizó viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.

En esta última ciudad, según su relato, su entonces compañero mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia". La mujer también relató ante la Policía que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.

Según expuso la Fiscalía tras la declaración policial, estos hechos "son representativos de indicios que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda pública".