Barcelona. Doscientos jueces de todo España reprocharon al Gobierno en un manifiesto el indulto concedido a cuatro mossos d'Esquadra (Policía autonómica catalana) condenados por torturas, para evitar su ingreso en prisión, por considerarlo un "fraude" y un "abuso" de la facultad de indulto, que "supone una afrenta al Poder Judicial". El ministerio decidió indultar a los mossos el pasado viernes conmutándoles la prisión por una multa de 7.300 euros.
Estos cuatro mossos d'Esquadra fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto parcial por el que se les conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos.
Tras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona se negó a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión. Para evitarlo los cuatro condenados solicitaron al Gobierno un nuevo indulto para eludir la cárcel. El pasado viernes Justicia concedió el segundo indulto, que establece una multa con una cuota diaria de diez euros (lo que equivaldría a 7.300 euros de multa en total), está condicionada a que no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.
Rechazo de la juricatura Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, "conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución".
"Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional", critican.
En el manifiesto, titulado El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad, estos jueces defienden que la Audiencia de Barcelona, "en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal", acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer indulto.
Por ello creen que se trata de "un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial", destaca el documento.
La actuación del Gobierno en este caso supone "un menosprecio" a los miles de agentes de policía que en todo el Estado "cumplen a diario con sus funciones democráticas", de "defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía", por lo que este indulto "parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial".
Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d'esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron e, incluso, le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.
