BARCELONA. La magistrada Elisabet Castelló ha admitido a trámite la querella presentada por Mas a título individual contra las informaciones del rotativo y cita a declarar a los dos periodistas el 19 de diciembre en calidad de imputados, a quienes requiere que aporten la documentación de que dispongan en relación a los hechos objeto de la querella.
También reclama al Ministerio del Interior, concretamente a la Dirección General de la Policía, que informe "a la mayor brevedad y en todo caso en un plazo máximo de diez días sobre la existencia del supuesto documento redactado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef)" y la inmediata remisión al juzgado del original.
La juez de instrucción considera responsable civil solidaria a la empresa editora del diario.
Mas presentó una querella el 19 de noviembre por los artículos en que supuestamente se destapa que las presuntas comisiones que cobraba CDC a través del Palau por adjudicar obra pública iban a parar también a las fortunas personales de ambos políticos porque "contienen expresiones falsas y gravemente lesivas para el honor".
La querella considera que el comunicado del juez que instruye el caso después de la publicación de las informaciones --en el que negaba haber encargado dicho informe ni conocer que se estaba elaborando-- pone de manifiesto que los periodistas no han efectuado ninguna comprobación diligente a fuentes judiciales, y que el informe "o es falso, y se trata de una mera mistificación elaborada por los periodistas o un tercero, o es ilícito" y al margen de un control judicial.
"La calumnia y su gravedad no dependen únicamente de los párrafos trascritos, es la interrelación sobre el contenido del supuesto informe y las aportaciones de la mano de los autores, que configuran las injurias y calumnias en su conjunto", prosigue el escrito.
JUSTIFICA SU COMPETENCIA
La juez justifica su competencia en el asunto pese a que El Mundo se edita en Madrid en un acuerdo del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 que considera que "el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo delictivo".
Pese a que el fiscal consideraba que el caso debía quedárselo un juzgado de Madrid, la magistrada recuerda que según el Supremo, "el juez de cualquiera de las que primero haya iniciado actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa".
Según explica, en los delitos de calumnias e injurias "no solo es relevante el lugar de la publicación de la frase o expresión injuriosa sino el lugar en que ésta se percibe por un tercero, ya que es en ese momento cuando se completa precisamente uno de los elementos del tipo: la publicidad del ataque al honor".
En definitiva, entiende que la competencia del caso son los juzgados de Barcelona porque la información "han sido vertidas en un medio de prensa de difusión nacional que tiene una edición en Cataluña, que la sede de la editora del medio de comunicación se halla al parecer en Barcelona, y es donde vive el presidente de la Generalitat".
