Palma de Mallorca. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil.
Así lo ha planteado el fiscal al juez de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la petición de fianza en la necesidad de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.
El representante del ministerio público, según ha indicado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene "el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar" los citados 8,18 millones de euros.
Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles.
Sostiene que el fin de Nóos era lograr convenios de colaboración con entidades públicas al amparo de su condición de organización no lucrativa, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
"injustas" En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad Valenciana y Baleares que contrataron con Urdangarin y Torres para la organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el fiscal afirma que adoptaron "decisiones administrativas arbitrarias e injustas" para beneficiar al yerno del rey y a su exsocio.
Incide en que esos políticos "pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia Summit e Illes Balears Forum al margen de cualquier expediente administrativo", como demuestra el hecho de que se comenzarán a desarrollar los proyectos antes de que se firmaran los convenios.
Esto constituye una "vulneración reiterada y flagrante de las exigencias legales previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública", subraya Horrach, que detalla en su informe todas las facturas correspondientes a los eventos investigados.
fianza menor A partir del análisis de los costes de esos proyectos, el fiscal plantea como alternativa a la fianza de 8,18 millones una menor, de 5,9 millones de euros, correspondiente a los fondos públicos de los que efectivamente se apropiaron Urdangarin y Torres una vez deducidos los gastos de los eventos realizados. En concreto, la fianza solicitada por la Fiscalía resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que costó el primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1,044 millones de cada una de las tres ediciones del Valencia Summit; los 380.000 del convenio entre Nóos, la Generalitat Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por unos Juegos Europeos que finalmente nunca llegaron a celebrarse.
Asimismo, la cifra incluye los 116.566 euros correspondientes a las prestaciones del Ibatur para la promoción del equipo ciclista Illes Balears Banesto; los 54.520 para el seguimiento de la repercusión de este equipo; los 174.000 de tres facturas para la oficina del proyecto del Illes Balears y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global, tal y como establece la Ley)
Precisamente -8,18 millones- es el montante de la apropiación de dinero de la administración que atribuye a los exresponsables de Nóos el sindicato Manos Limpias, personado en la causa como acusación particular, que presentó ayer por la mañana ante el juez Castro un escrito en el que solicita la misma fianza civil que la Fiscalía Anticorrupción.
Manos Limpias ha requerido al juez que fije dicha fianza tras sumar las cuantías de nueve contratos firmados por el Instituto Nóos con las comunidades balear y valenciana que están siendo investigados, y añadiéndoles una sanción de un tercio del total. Una vez estudiados el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la petición de Manos Limpias y las alegaciones de las partes, el juez instructor decidirá si corresponde la imposición de fianza a Urdangarin y Torres y en qué cuantía.
