PALMA. La Fiscalía Anticorrupción ha entregado hoy al juez del caso Nóos su petición de fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso.
En el escrito, presentado a mediodía de hoy en los juzgados de Vía Alemania de Palma, se solicita que se incoe una pieza separada de responsabilidad civil pecuniaria y que ambos imputados presenten la cantidad con carácter solidario de 8.189.448 euros.
A partir de ahora, el juez debe decidir si acepta la cantidad solicitada tanto por el fiscal y también por la acusación popular, representada por Manos Limpias, o la rebaja a una cantidad que podría rondar entre los 5 y 6 millones de euros, según las fuentes jurídicas consultadas por Efe.
En esta causa se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público, de las comunidades de Baleares y Valencia, entre 2004 y 2007.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a casi 8,2 millones, el fiscal Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.
Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
