Ibarra, en su despacho del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Foto: David de haro
"En términos jurídicos no debemos saber que Bretón es culpable hasta su juicio"
R. Ugarriza
Bilbao. Un centenar de profesionales de la judicatura y el periodismo se darán cita hoy y mañana en el Palacio de Justicia de Bilbao en las séptimas Jornadas Nacionales de Justicia y Comunicación. En el evento, organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), intervendrán, entre otros, Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo (TS) y el CGPJ, el vocal de esta institución Antonio Dorado y Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Primera del TS. Los asistentes debatirán en torno a las relaciones entre los jueces y los medios de comunicación, con especial énfasis en los límites a la información y la posible vulneración de derechos fundamentales derivada de la existencia de los denominados juicios paralelos.
En relación a los juicios paralelos, ¿hay alguien en este país que no crea que José Bretón es culpable?
No debemos saber que Bretón es culpable en términos jurídicos mientras no sea sometido a juicio. Hay que procurar una cultura jurídica que nos permita distinguir entre nuestras convicciones y nuestras decisiones. Es decir, el que una sociedad esté convencida de la culpabilidad de una persona es perfectamente sano siempre que, con el mismo énfasis, desee que esa persona se defienda y, siempre que en el caso de que la justicia diga que no es culpable, acepte el veredicto. El problema de los juicios paralelos es cuando, además, trato de imponer al tribunal mi criterio, trato de convertirme en juez. Desde la ciudadanía solo se puede uno convertir en juez si es miembro de un jurado. Solo los jurados, no los televidentes.
¿Realmente los tribunales se sienten presionados desde el exterior?
Evidentemente. Es más, lo que notamos es que hay un trecho largo entre la idea social y la idea legal de la justicia. Y es que en el derecho hay elementos, como las garantías, que no tienen por qué formar parte del pensamiento social. ¿Por qué a un violador, un asesino o un terrorista, una persona que causa daño, le vamos a tener que garantizar sus derechos con todo el énfasis que sea necesario? Socialmente no siempre se entiende. Esa brecha se solucionaría si la persona formara parte de un tribunal de jurado. Entonces se daría cuenta de que aplicar la ley no es cuestión de vísceras, porque, si no, estaríamos en la ley de Talión, que es puro sentimiento. La ley del Estado de derecho es pura razón.
¿Cómo se pueden evitar esos juicios paralelos?
Si los casos penales se resolvieran en seis meses, no habría juicios paralelos, pero si se resuelve en tres años será muy difícil evitarlos. El acortar los plazos para la realización de los procesos es un objetivo imprescindible para que los periodistas y jueces podamos tener una relación fluida y sana. Otra causa es el secreto de sumario. Sin secreto de sumario no se puede avanzar en las investigaciones. Eso no quiere decir que no pueda haber información; debe haberla, pero todavía no hemos encontrado la fórmula.
¿Es aceptable que el Tribunal Constitucional (TC) haya tardado siete años en pronunciarse sobre el matrimonio homosexual?
Es un tiempo desproporcionado, pero eso no quiere decir que el TC tenga la culpa del retraso. Quiere decir que los que tienen la obligación de elegir a sus miembros, es decir, el Congreso y el Senado, no la han cumplido o la han cumplido mal. También tiene que ver con la carga de trabajo que tiene el TC, que es exagerada.
¿Está cansado de que le reprochen que los delincuentes entran por una puerta de juzgado y salen por la otra?
La sociedad tiene mucha razón en quejarse. No digo que no haya problemas, sobre todo en los casos de multirreincidentes y los delitos penales. Si estos casos se dilatan en el tiempo, para cuando distingues una multirreincidencia, el delincuente es anciano. Posibilidades de mejoras las hay, desde luego. Si la administración de justicia actúa con diligencia, los procesos se ven con rapidez. Entonces, quienes tienen que estar en la cárcel estarían antes y, por lo tanto, no cometerían nuevos delitos. La pregunta es: ¿a alguien que maneja los fondos públicos le importa esto?
Todos los problemas nos remiten a la falta de medios.
Así es. Y lo primero que propone el nuevo Gobierno del PP es no invertir en jueces sustitutos y magistrados suplentes. De esta manera, la justicia será más cara y lenta. Entiendo que el ciudadano se queje de los retrasos, pero tiene que entender que no es posible mejorar los tiempos sin bastantes más medios de los que tiene la administración de justicia. ¿Por qué, entonces, la justicia nunca tiene dimensión electoral? Porque no es vistosa y solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
¿Comprende la decepción de familiares de niños robados cuando escuchan a la Fiscalía que no se puede acreditar que hubo delito?
Quizá se generaron expectativas erróneas. El Registro Civil de aquella época estaba pensado para que la madre no inscribiera al bebé si no quería. Había una ventana de dos meses para que quienes se inscribieran como padres fueran adoptivos, aunque el niño nunca lo iba a saber porque no constaba en el registro, y eso parecía una buena práctica en aquel contexto. Como el infierno está empedrado de buenas intenciones, seguro que hubo irregularidades. Lo que dice el fiscal es que no hemos detectado que haya habido una trama delictiva en esa época; es decir, no hay pruebas de ello.
"Si los casos penales se dilatan en el tiempo, para cuando distingues un multirreincidente, el delincuente es anciano"
"En el caso de los niños robados se generaron expectativas erróneas; no hay pruebas de una trama delictiva"