Al calor de la Conferencia de Paz que acogió el palacio de Aiete, uno de los prestigiosos integrantes del Grupo Internacional de Contacto que desde entonces trata de franquear las barreras que contienen el avance hacia la consolidación de la era de paz abierta en Euskadi resumía así los tres focos que podrían alumbrar ese camino: recuperar la presencia legal de todas las sensibilidades políticas existentes en el país, dar pasos hacia los presos y el reconocimiento del dolor causado por la violencia, y crear una -o varias- mesas de diálogo en las que los diferentes agentes contrasten sus posturas ante esta nueva era en busca de diagnósticos compartidos.

Ahora, un año después, arranca una nueva legislatura en la que, con Sortu ya legalizada, con la fotografía real de la sociedad vasca ya revelada en las urnas, y libres ya los partidos de los condicionantes preelectorales, los desafíos pendientes vuelven a la agenda. Y, mientras cada formación se reubica ante ellos y reflexiona para ajustar su proyecto al veredicto del 21-O, el Parlamento Vasco se destapa como el foro que deberá ser residencia y motor de la búsqueda de las tan ansiadas respuestas.

un foro para el nuevo escenario

El Parlamento 'completo'

A pesar de que ahora Interior amenace con activar de nuevo "el contador" de las ilegalizaciones, la vuelta de la izquierda abertzale a la vida institucional vasca restaña la carencia que impedía que el Parlamento Vasco fuera en la pasada legislatura el foro en el que avanzar por estos caminos. Mucho se habló de la creación de mesas extraparlamentarias como vía que permitiera el concurso de todos los agentes llamados a este diálogo, pero ni PP ni PSE ni UPyD, -ni siquiera en gran medida el PNV-, veían con buenos ojos sacar este debate de la que debe ser su residencia oficial con luz y taquígrafos.

Por eso ahora, con el Congreso de los Diputados maniatado por la mayoría absoluta de un PP que no parece querer hurgar en la herida que sangra por su flanco derecho -como se evidenció en el caso Uribetxebarria-, el Parlamento completo que acogerá los trabajos de esta décima legislatura en Euskadi se prepara para albergar nuevos foros que den respuesta a cuestiones pendientes como la construcción de un relato de lo sucedido, el reconocimiento de las víctimas y del dolor causado, o la defensa de un cambio profundo en la política penitenciaria que, de forma paralela o cruzada con el debate del futuro político de Euskadi, abonen la consolidación de este nuevo tiempo con la fuerza de las mayorías sociales allí representadas y la forja de los consensos necesarios.

Así lo señala el documento de trabajo con el que el PNV ha recibido a los diferentes partidos que se han acercado hasta Sabin Etxea en busca de los límites y los ámbitos en los que se tejerán los entendimientos futuros, a los que ha pedido compromiso para avanzar en esta nueva era, y así lo confirman sus respuestas

cuestiones pendientes

Convivencia, memoria y marco

El que se abrirá ahora será un trabajo de orfebrería destinado a pasar página de la triste historia de sufrimiento que la violencia ha escrito en las últimas décadas dañando la convivencia de la sociedad vasca, alzando muros y dinamitando puentes. Pero no todo será escribir sobre un folio en blanco. La Cámara vasca ya ha desbrozado la senda del reconocimiento de todas las víctimas y la confección de un relato de lo sucedido -con comisiones como la de Memoria, o la de Paz y convivencia-, por lo que ahora tocará comprobar qué parte de lo avanzado se puede utilizar y qué falta por construir.

En este sentido, el lehendakari in péctore, Iñigo Urkullu ya anunció durante la campaña su intención de crear un foro en el que se discuta el futuro jurídico-político de Euskadi, amen de otras cuestiones relacionadas, que ahora en su documento de trabajo se presenta con carácter de ponencia parlamentaria. Este proceso concluiría con una consulta a la ciudadanía vasca para que sea ella quien refrende o rechace el acuerdo que salga del Parlamento.

El PP ya ha mostrado su rechazo a embarcarse en lo que considera "aventuras extrañas", y advierte de que no tolerará "mezclar" los ámbitos relacionados con el mordisco violento con otras disquisiciones. Así, con UPyD también en esta linea, el esfuerzo radicará en vencer recelos y forjar acuerdos que puedan concitar el apoyo de EH Bildu y el de un PSE en pleno proceso de reflexión. De "catarsis", como reclaman que sea voces como la del exalcalde de Donostia, Odon Elorza.

Además de la memoria y las víctimas, la situación de los presos volverá a colarse en esta agenda de cuestiones por resolver. Y ya empieza a haber movimientos que abonan el camino que las formaciones seguirán en esta legislatura para intentar romper el inmovilismo que enquista esta cuestión.

Con el PSE ya junto a PNV y EH Bildu en la reivindicación de que el Gabinete Rajoy dé pasos reorientando su política penitenciaria en clave de paz -Idoia Mendia reclamaba esta misma semana el acercamiento y la liberación de los reclusos gravemente enfermos-, los ayuntamientos y las Juntas de los territorios históricos desbrozan ya esta senda. A nivel municipal, tanto los jeltzales como la coalición soberanista vienen presentando diversas iniciativas al respecto, y en Juntas, hace apenas una semana que Bizkaia se sumó a quienes reclaman "pasos reales de acuerdo con la voluntad de la mayoría de la ciudadanía".

"Tienen que cumplir la ley", dicen ahora a coro las tres formaciones. Y, dada la fuerza que suman, el Parlamento podría volver a aprobar una resolución que así lo exija, habida cuenta de que, si siguiendo lo que manda la ley el Gobierno pusiera en libertad a los 11 presos gravemente enfermos y a los 175 que han cumplido las tres cuartas partes de su pena, el volumen del problema se aliviaría en gran medida. Eso sin contar con el recorrido que se podría dar a las 169 personas que están en prisión preventiva o aún a la espera de juicio, y a los 49 que siguen entre rejas por la aplicación de la doctrina Parot que sigue discutida en Estrasburgo. Pasos legales que rebajarían en casi 400 el número de presos del MLNV.

el reto

Pulso contra el inmovilismo

Pero todas estas cuestiones pasarán necesariamente por la fuerza con la que el Parlamento se haga escuchar por Rajoy. O por lo dispuesto que éste se muestre a escucharle.

Las detenciones practicadas esta semana han devuelto el proceso al debate político retratando las respectivas posturas de cada partido.

El PP se mantiene en sus trece. Fiel a su postura "de siempre", confirmaba recientemente su número dos, María Dolores de Cospedal. O ETA se disuelve a las buenas, o el Estado se encargará de acabar con ella "por las malas", subrayaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que, aunque dijo tener constancia de que la organización "quiere negociar con el Gobierno el futuro de sus presos" y estaría dispuesta "a disolverse, a desmantelar sus estructuras y a entregar las armas a cambio de un acuerdo sobre los presos", se negaba rotundamente a explorar siquiera esta vía.

Sin embargo, la postura del PP no siempre ha sido esa. Basta recordar a aquel PP embrionario que defendía sin ambages que "la paz es el objetivo esencial de la actividad política" y que ponía en práctica esta máxima de la mano de un Aznar que se comprometía "a impulsar con toda determinación las iniciativas que condujeran al inicio de un proceso de paz". El resultado, "decisiones significativas en materia de política penitenciaria". "Gestos" desde la "generosidad" que le llevaron a acercar a casi 150 presos, a permitir el retorno de más de 300 exiliados y a saldar aquella legislatura con un total de 311 excarcelaciones mientras sus asesores mantenían la idea de que "no podrá haber nunca vencedores ni vencidos".

Ahora sin embargo el discurso ha cambiado, en parte porque el PP también lo ha hecho dando por agotada aquella vía ante la terquedad con la que ETA siempre elevó el listón de sus demandas. Y ahora, el Gabinete Rajoy reitera una y otra vez que "ni ha negociado, ni negocia ni va a negociar con una organización terrorista".

Por eso, ésta será la legislatura de la suma de fuerzas para arrumbar este inmovilismo y convencer a Rajoy de que no puede dejar que se pudra esta histórica oportunidad para la paz. Así se lo decía esta semana un PNV que lamentaba desde Euskadi que su Gobierno solo dé pasos por la vía policial, como también lo hacen los jeltzales desde Estrasburgo -donde también se escucha la voz de los europarlamentarios englobados en el Friendship Group- y desde el Congreso, donde el PNV ha presentado varias iniciativas para pedir que el Ejecutivo revise su política penitenciaria y avance en ese camino para consolidar la desaparición de la sombra violenta. También desde Madrid, Amaiur pedía el miércoles al presidente que tenga "coraje" para abordar la "resolución del proceso de pacificación" en Euskadi aprestándose a resolver los "problemas técnicos, nada políticos" que implica el final de la violencia.

Es el momento de "explorar las posibilidades que ofrece la actual legislación con el objetivo de implementar una agenda de desarme, desmantelamiento y reintegración social" actuando "con la mayor responsabilidad y rapidez posible" para "aprovechar esta oportunidad", reivindicaba el pasado martes la organización pacifista Lokarri, verdadera madrina de la conferencia de Aiete, sumándose a esta estrategia.

Y es que, cuando este camino esté en marcha, se desnudará una última cuestión pendiente: el desarme de ETA. Desde que el PP llegara a La Moncloa, poco se sabe de los planes de Rajoy más allá de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se estrenara en el cargo con la naif invitación a que la organización dejara "unas cuantas armas depositadas en una campa del País Vasco" para poder así iniciar el proceso.

Mucho es el trabajo pendiente y muchos los acuerdos por construir ante un desafío, el de la forja de la paz y la reconstrucción de una convivencia social plena, que se enfrentará a las viejas inercias políticas, a los muros del inmovilismo, a la primacía de la crisis en la agenda política,... pero que en esta legislatura que ahora comienza tendrá una oportunidad histórica para quedar resuelto y una residencia oficial desde la que trabajar para conseguirlo: el Parlamento Vasco.