Vitoria. La Ley de Partidos vuelve a rondar al espectro soberanista vasco y, en este caso, amenaza ya la condición legal de la coalición Euskal Herria Bildu, que se situó como segunda fuerza en las elecciones del pasado 21 de octubre.
Después de que su portavoz Laura Mintegi rechazara aplaudir la reciente detención de dos presuntos cabecillas de ETA, argumentando que este tipo de actuaciones "dificultan" la puesta en marcha del proceso que consolide la llegada de una paz definitiva a Euskadi, Interior hizo ayer saltar todas las alarmas animando a la Abogacía General del Estado y a la Fiscalía a tomar nota de estas declaraciones ya que, a su juicio, suponen que EH Bildu ha atravesado "la línea roja" que dibujó el Tribunal Constitucional al avalar la legalización de Sortu. "Es un doble grave error el que ha cometido, perdiendo la oportunidad de exigir a ETA su disolución incondicional, y además lamentando esas detenciones". Ya dije que "el contador" hacia la posible ilegalización se ponía en marcha, y estas declaraciones han hecho "que se acelere", por lo que "convendría" que las instituciones correspondientes tomaran nota, abundó el ministro. Y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, coincidió en asegurar que estudia día a día "cualquier actividad que pudiera infringir la ley" para actuar si cree que es oportuno.
por las buenas o por las malas Una vez lanzado este duro aviso a navegantes -que podría quedarse en brindis de cara a una galería interna revuelta por los malos resultados electorales en Euskadi y necesitada de exhibiciones de músculo antiterrorista, o abrir una nueva era de ilegalizaciones-, Fernández Díaz se centró en lo que suponen los últimos arrestos; según afirmó, "el golpe más duro" que ha recibido ETA en los últimos tiempos.
El ministro destacó que son la muestra de que el PP "no ha bajado la guardia". Y tras subrayar que los arrestados "no pertenecen a una ONG" y que estas actuaciones "aceleran sin ningún género de dudas el fin de ETA", quiso enviar un mensaje a quienes, dijo, "todavía creen ingenuamente que el Gobierno debería dejar de perseguir a los etarras en la medida en que ellos han cesado definitivamente en su actividad terrorista": "Ellos han cesado en su actividad no porque se hayan convertido a la democracia" sino "porque han sido derrotados", y ahora el Gobierno "no parará hasta que se disuelvan". "Y si no lo hacen por las buenas", concluyó, "el Estado lo hará por las malas".
