Vitoria. Tres años y medio después de asumir el control del Gobierno Vasco, los socialistas revelan que entre las cuentas pendientes que dejarán tras su marcha también figurará la liquidación del Cupo acordado con el Estado, más de 500 millones de euros cuya demanda figurará entre los quehaceres prioritarios del Ejecutivo que arrojen las urnas el próximo 21 de octubre.
Un día después de que el aspirante jeltzale, Iñigo Urkullu, emplazara al lehendakari a exigir con urgencia este montante a la Moncloa, la portavoz del Gabinete socialista, Idoia Mendia, asumió ayer tras el Consejo de Gobierno semanal que inmersos como están los partidos en la precampaña "es difícil que el PP quiera negociar" de aquí a la jornada electoral. No lo ha hecho a lo largo de toda la legislatura con el PSE ni en la última etapa del anterior mandato con el PNV. Como consecuencia, el saldo que se deriva de la liquidación del Cupo entre ambas administraciones suma los más de 500 millones que, en plena época de crisis, supondrían un salvavidas para la maltrecha economía vasca.
El Gobierno Vasco justifica su posición en la negativa a "ceder" ante las pretensiones de Madrid, desde donde no todos ven con buenos ojos el trato diferenciado que el Concierto Económico establece entre la Administración central y la CAV. Mendia explicó que este rechazo a la cesión se traduce en exigir la cantidad exacta que tras la liquidación de la ley quinquenal del Cupo que tuvo lugar hace un año corresponde a las arcas vascas: un total de 506 millones, según cuantifican en el Departamento de Economía. Todo lo que no sea eso no vale para el Gobierno Vasco, desde donde especulan con la posibilidad de que "tal vez" el PNV podría contentarse con menos.
El Ejecutivo defiende que los intentos baldíos para lograr ese montante no son una novedad en la relación entre ambas administraciones y para ello recuerdan que la última Ley del Cupo se acordó en 2007, pero que desde entonces la CAV no ha recibido la cantidad que debería corresponderle tras aportar al Estado el 6,24% acordado como contraprestación a la arcas de Madrid por las tareas ejecutadas en suelo vasco en materias cuyas competencias no han sido transferidas.
La reacción de Mendia no fue la única tras las críticas vertidas las víspera por Urkullu, quien dijo desconocer en que situación se encontraban las negociaciones de Vitoria y Madrid para llevar a buen puerto el diferencial que aporta la liquidación de la Ley del Cupo, prorrogada desde el pasado ejercicio ante la falta de acuerdo para su renovación. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, definió esta negociación como un "caramelo envenenado" cuyo nudo gordiano residen en las "diferentes interpretaciones" que los Ejecutivos central y vasco realizan de la relación económica pactada entre ambos.
En su exposición en Radio Euskadi, Aguirre concretó que las divergencias residen en tres bloques relativos a determinadas aportaciones, la actualización del propio Cupo y bonificaciones de cuotas en las políticas activas. "Nosotros lo que estamos defendiendo es que tenemos razón y que tanto la ley como los acuerdos que se adoptaron no por este gobierno, sino por el anterior en 2007, son los correctos", añadió el titular de Economía.
Al igual que su compañera de gabinete, Aguirre prácticamente descarta una solución a corto plazo para este problema que observa como una "bola de nieve" que de los 500 millones actuales "pasará a los 600, luego a 700 y a 800, porque el elemento básico que hace que crezca es la actualización del límite del Cupo".
También al igual que Mendia, el consejero atisba la raíz de este enfrentamiento que lastra las arcas autonómicas en la consideración en Madrid de que el acuerdo "beneficia demasiado" a la CAV, una discrepancia que los socialistas vascos mantienen con el PP de Rajoy después de que tampoco fueran capaces de limarla cuando sus compañeros de partido, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, gobernaban en el Estado.
El PNV denunció el "silencio" que Patxi López mantuvo entonces ante su jefe de filas y le emplazó a reaccionar a partir de ahora con celeridad, a pesar de que en las filas jeltzales asumen que en caso de obtener la victoria en las próximas elecciones al Parlamento Vasco deberán ser ellos quienes retomen las negociaciones para lograr que los 500 millones vayan a parar a las alforjas económicas de la CAV.
Pero no será la única tarea que figure en la agenda de los próximos mandatarios incluso antes de arrancar la siguiente legislatura. Y es que Mendia también asumió ayer que las medidas que se pongan en marcha para paliar los recortes que desde el Gabinete Rajoy impondrán en diferentes ámbitos también recaerán en el próximo Gobierno Vasco. La portavoz justificó esta afirmación en la imposibilidad de tomar medidas que en otras comunidades como Navarra sí se pueden aprobar al contar con un Parlamento activo y no disuelto, como es el caso del Legislativo de Becerro de Bengoa.
Así, Mendia consideró que el Gobierno que se elija en las urnas tendrá "margen suficiente" para aprobar las normas que considere pertinentes para frenar los efectos que puedan tener los recortes impuestos desde Madrid.
Preguntada por si el Gabinete López tomará alguna decisión acerca de la supresión de la paga extra navideña de los funcionarios, la portavoz del Ejecutivo socialista contestó que el Ejecutivo está ahora en un "momento diferente" donde el protagonismo recae sobre el recurso que presentarán ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular el decreto del Gobierno español, una resolución que vistos los plazos que maneja habitualmente este tribunal no llegará hasta antes de tres años.
