Donostia. Al caso Uribetxebarria solo le falta la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Tras su visita el pasado martes al Hospital Donostia, donde se entrevistó durante largo tiempo con el oncólogo que trata al recluso y unos cinco minutos con el propio Iosu Uribetxebarria, Castro podría dar a conocer hoy mismo la resolución: si opta por concederle la libertad condicional que solicita el reo, que padece un cáncer con doble metástasis, o si, acogiéndose a la tesis de la Fiscalía, considera "compatible" la enfermedad con su continuidad en prisión.
Más allá de las noticias que lleguen desde la Audiencia Nacional, en las últimas horas no ha trascendido ningún cambio sustancial en el estado de salud del reo. Fuentes de Herrira confirmaron ayer que Uribetxebarria comenzó el lunes las sesiones de radioterapia para hacer frente a su enfermedad. El del tratamiento fue uno de los argumentos en los que el fiscal, Pedro Rubira, basó su oposición a la libertad semicondicional, ya que la dolencia de Uribetxebarria, pese a irreversible, no estaría en una fase terminal. Según explicó en el informe remitido a Castro, "el penado carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último periodo de su vida, no ha sido sometido a ningún tratamiento terapéutico de radioterapia o quimioterapia". Mientras tanto, las movilizaciones impulsadas por la plataforma Herrira y varios agentes sociales y culturales se suceden, sobre todo a las puertas del centro sanitario donostiarra.
Después de que la Audiencia Nacional prohibiera la reivindicación a favor de los derechos de los 14 presos gravemente enfermos que preveía ir a pie desde la capital guipuzcoana hasta Arrasate, sus convocantes, entre los que se encuentran Andoni Egaña, Txaro Arteaga, Ramón Labayen o Martxelo Otamendi, acataban esta decisión y anunciaban para el sábado a las 17.30 una manifestación que saldrá desde el túnel de El Antiguo donostiarra. Según explicó la que fuera directora de Emakunde, la prohibición de la marcha a la localidad cerrajera es "un atropello político, un escándalo judicial y una burla al respeto de los derechos humanos".
Los impulsores de la protesta reclamaron "el respeto de la ley" y no descartaron emprender "el camino de la denuncia" al entender vulnerados derechos como el de la manifestación y la libre expresión, al tiempo que pidieron al Gobierno español un cambio de la política penitenciaria, sobre todo en lo referente en este caso a los 14 presos enfermos de gravedad. Tras conocer esta nueva convocatoria, el delegado del Gobierno en la CAV, el popular Carlos Urquijo, repitió la posición mantenida junto a la AVT y Dignidad y Justicia respecto a la marcha a Arrasate e instó a prohibir la movilización.
La que sí tuvo lugar fue la concentración de cada mañana frente a la puerta principal del Hospital, a la que acudieron representantes de la izquierda abertzale como Maribi Ugarteburu, Joseba Álvarez o Juan Joxe Petrikorena; la secretarioa de organización de Aralar, Rebeka Ubera; el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, las directoras forales de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Marina Bidasoro, y Participación para la Ciudadanía, Arantza Ruiz de Larrinaga (ambas a título personal); y miembros de Bildu como la parlamentaria navarra Bakartxo Ruiz o los junteros Idoia Ormazabal, Enrique Martínez e Inko Iriarte. Cuando concluyó, varias decenas de personas, reunidas en grupos distanciados de 14 -número de presos gravemente enfermos- protagonizaron una marcha escalonada que partió del complejo hospitalario. Varios metros por delante del primer grupo partió el franciscano Paulo Agirrebaltzategi, de 70 años.
