vitoria. Además de gestionar la situación de los presos disidentes de ETA, el cese de la actividad armada de la organización terrorista ha abierto para el Ministerio del Interior otro frente, la búsqueda de ocupación para centenares de vigilantes privados que se han quedado sin trabajo en esta nueva etapa.

Como salida, el área dirigida por Jorge Fernández Díaz anunció ayer la puesta en marcha en el último trimestre del año del plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.

Según explicaron fuentes de Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad.

En ningún caso, añaden las mismas fuentes, estos refuerzos, -Interior ultima el número exacto- se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles.

Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá a cargo de agentes del instituto armado.

El Ministerio ha ofrecido esta vigilancia auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección.

Además, justifica el programa de reubicación de escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones una vez activadas jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente".

reducción a la mitad En total, el Ministerio dirigido por Fernández Díaz redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas.

En un principio, los escoltas de estas comunidades ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo extremo, pero el propio ministro explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20 de marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil informó a los miembros de este Cuerpo policial de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de vigilancia exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los agentes afectados.

No son de la misma opinión lo sindicatos de funcionarios de prisiones CSIF, CCOO y UGT, que ven en los planes de Interior el primer paso para privatizar en un futuro toda la seguridad de las prisiones.