Bilbao.Seis meses. Eso es lo que ha durado el caso por las presuntasirregularidades cometidas en contratos informáticos suscritos por laConsejería de Justicia del Gobierno vasco entre los años 2000 y 2009.Un proceso que arrancó después de que la actual consejera de Justicia,Idoia Mendia, lo anunciara tras un Consejo de Gobierno, y que ayerllegó a su fin con la decisión del fiscal superior del País Vasco, JuanCalparsoro, de archivar las diligencias de investigación por "nohaberse acreditado hechos constitutivos de delito". Las reacciones anteel cierre de la causa que ha salpicado a cargos de los departamentos deJusticia liderados por el fallecido Sabin Intxaurraga y por JosebaAzkarraga, y a dos empresas de tecnología, no se hicieron esperar. Así,el principal partido de la oposición, por boca del presidente delBizkai Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, exigió al Gobierno vascoque anuncie dimisiones, entre ellas las de la consejera de Justicia yla viceconsejera, María Victoria Cinto.

Aprincipios de año, el Gabinete liderado por Patxi López atravesaba unode los momentos más delicados de la legislatura. A las continuascríticas a su gestión de la crisis económica se sumó la difusión de unaauditoría que desvelaba la adjudicación de contratos irregulares en2010 por más de 14,5 millones de euros por parte de la sociedad públicaOsatek, dependiente de la Consejería de Sanidad. Haciendo bueno eldicho de que "la mejor defensa es un ataque", el 7 de febrero, tan solocinco días después de que DEIA se hiciera eco de las conclusiones dedicha auditoría externa, Idoia Mendia utilizaba el marco de la rueda deprensa semanal posterior al Consejo de Gobierno para anunciar que sehabía puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia deirregularidades en la anterior gestión del departamento. "Se ha pagadosistemáticamente con dinero público por trabajos no realizados",aseguró la portavoz del Gabinete López en referencia a un supuestofraude de 23 millones de euros en quince contratos.

Enel auto de la Fiscalía, con fecha de ayer, Juan Calparsoro comienzarecordando los informes remitidos por el Gobierno vasco tras la"revisión de los expedientes de contratación informática delDepartamento de Justicia". Esta documentación concluía que "se habíapagado por la Administración el precio de varios contratos pese a queno se había cumplido su objeto por las empresas informáticas o elcumplimiento era defectuoso". Lakua insistía en que "ninguno de losquince expedientes de contratación analizados, a pesar de estaríntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado en su totalidad" ydenunciaba la existencia de "duplicidades en la contratación y pago deaplicaciones informáticas".

LaFiscalía puso entonces en marcha las diligencias necesarias paraatestiguar si se cometieron delitos de malversación de caudalespúblicos y de prevaricación administrativa. En esta investigación seincluyó la toma de declaración de, entre otros, la exdirectora de laConsejería entre 1995 y 2009, Inmaculada de Miguel, la que fuera jefadel servicio de Informática Judicial, Ana Molina, y los máximosresponsables de este área de las empresas adjudicatarias de loscontratos, Indra e Ibermática, punteras en el campo de la tecnología.Todos ellos negaron los hechos, afirma Calparsoro, ayudándose deinformes y achacando a la acusación "errores por confusión deconceptos".

Último recurso Ensus argumentaciones, el fiscal superior del País Vasco considera que noexiste delito de prevaricación administrativa porque De Miguel y Molina"no actuaron con conocimiento de la injusticia de las resolucionesadministrativas que adoptaron". Además, ninguna de las dos ocultó suproceder. También desestima la posibilidad de una malversación decaudales públicos, toda vez que este delito "exige ánimo de lucropropio o ajeno", lo que está descartado al no existir conciencia de la"injusticia o ilicitud de la conducta".

JuanCalparsoro agrega que "los responsables de las empresas informáticas,además de no poder ser autores materiales de esos delitos, no constaque incurrieran en hechos calificables como delito". Según él, aquí seentra ya en "el ámbito de las responsabilidades administrativas ymercantiles, cuyo cauce de solución debe ser distinto del DerechoPenal". En este punto, el fiscal da un tirón de orejas al Gobiernovasco porque el Derecho Penal es el "último recurso" para dirimircuestiones de esta índole. Añade que hay otros muchos procedimientospara garantizar la correcta relación entre "las empresas proveedoras deservicios, en este caso informáticos, y las Administracionescontratantes".

De hecho, el fiscalsuperior desvela las negociaciones que vienen manteniendo las dosempresas y la actual Consejería para llevar a buen término losservicios que estaban contratados con anterioridad. "Existen otrosprocedimientos, que ya se están utilizando de manera diligente por losresponsables del Departamento de Justicia, para restaurar el posibleperjuicio causado por las actuaciones administrativas objeto de estasdiligencias", afirma, subrayando así lo baldío de la vía penal iniciadapor Lakua. Concluye, por tanto, que "no se dan los requisitosnecesarios para interponer denuncia o querella".

Dimisiones Elpresidente del BBB, Andoni Ortuzar, recordó ayer la "gravedad,solemnidad y bombo" con que Idoia Mendia anunció el traslado a laFiscalía de las presuntas irregularidades. Tras quedar el caso en "aguade borrajas", reclamó "responsabilidades políticas por los daños que sehubieran podido causar a esas dos empresas y también al Gobiernoanterior. Esperamos oír a la portavoz y que anuncie dimisiones". Afirmóa Europa Press que esas dimisiones "tienen que estar entre laviceconsejera y la consejera de Justicia, que han capitaneado esteasunto" y son responsables de este "gran fiasco". "Si no lo hacenellas, el lehendakari tiene que tomar cartas en el asunto".