Vitoria. Hace una semana el lehendakari admitió que su gobierno aplicaría los recortes impuestos por el Ejecutivo español, a pesar de no estar de acuerdo con ellos. Ayer, en el último Consejo de Gobierno del presente curso, el Gabinete López decidió despedir este periodo reforzando su perfil de ariete -uno de los pocos que restan al PSOE- contra la supremacía popular.

Y para ello echará de nuevo mano del Tribunal Constitucional con sendos recursos que tratarán de combatir los recortes aprobados vía decreto como la eliminación de la paga extra a los funcionarios o el tijeretazo en la Ley de Dependencia, y los aspectos que contempla de Ley de Presupuestos Generales que desde Lakua consideran que invaden las competencias brindadas por el autogobierno a Euskadi, a pesar de ser conscientes de que este tribunal emplea de media entre tres y cinco años para pronunciarse sobre este tipo de procesos.

Obviando esta circunstancia, las intenciones explicitadas ayer por la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ahondan en la visión "recentralizadora" que el propio López atisba en las maniobras del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El lehendakari exige con este posicionamiento el margen de maniobra que la normativa vigente otorga a la Administración vasca, el mismo que durante la etapa del PSOE al frente del Ejecutivo estatal se echó de menos por parte de la oposición parlamentaria de López, dotado entonces de la estabilidad que le concedía el pacto con el PP de Basagoiti.

El inquilino de Ajuria Enea centra ahora su pelea en luchar jurídicamente contra unos recortes que aplicará desde el mismo momento que entren en vigor en el resto del Estado. De forma paralela, el recurso seguirá su largo camino hacia el Tribunal Constitucional con una primera etapa que convocará a la comisión bilateral -con representación de las administraciones española y vasca-, donde se buscará una salida consensuada que, a todas luces, no llegará.

Para muestra, el botón de la comisión celebrada el pasado 11 de junio y que sirvió para que ambas partes debatieran sobre el primer recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno Vasco interpuso, en enero, contra el Ejecutivo de Rajoy.

En este caso se trató de la retirada obligada por el Gobierno español de parte de la masa salarial de los trabajadores públicos en planes de pensiones como Itzarri, el que gestiona los ahorros del funcionariado vasco. El paso previo a la interposición del recurso en el Constitucional, la citada comisión bilateral, se saldó sin acuerdo alguno.

A priori también seguirán esta misma senda los recursos contra los recortes en Educación y Sanidad y, cuando se ultimen, también las nuevas medidas anunciadas ayer por el Gobierno Vasco.

espera Y a partir de ahora los contendientes deberán aguardar con paciencia el fallo del tribunal, puesto el tiempo empleado por el mismo para dictar un fallo de estas características oscila entre los 3 y 5 años, por lo que es bastante probable que la sentencia, sea cual sea su signo, se dicte en un escenario poco parecido al actual: con López -a punto de agotar la legislatura y con un futuro político poco halagüeño según las encuestas- alejado de las tareas de gobierno y también con la incertidumbre de quién será para entonces el inquilino de La Moncloa.

Preguntada por el momento en el que ha elegido el Gobierno para recurrir una Ley de Presupuestos aprobada hace semanas, Idoia Mendia, aseguró que "los plazos están para aprovecharlos". También en el capítulo de aclaraciones, declaró en referencia a las medidas que afectan al salario de los funcionarios, que el Gobierno Vasco no actuó cuando Zapatero rebajo estos salarios y sí ahora porque en aquella ocasión las medidas afectaban al salario base y a la antigüedad, materias sobre las que el Estado es el único competente.