alicante. El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados. Los grupos municipales del PSPV y de Esquerra Unida (EU) de Alicante han exigido al presidente de la Generalidad valenciana, Alberto Fabra, que retire a ambos de sus cargos como diputados.

No obstante, la alcaldesa de Alicante aseguró ayer que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó "la indefensión" que durante dos años le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada, mientras su nombre ha aparecido en los medios.