Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que el Ejecutivo seguirá adelante con las reformas y avanzó la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la administración general del Estado.

Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó además que, "en estos días", iniciará su tramitación una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introducirá "profundos cambios" en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos. Dijo que la reforma institucional debe ser "a todos los niveles" y apeló a las autonomías a "reforzar los esfuerzos" para cumplir con la senda de estabilidad y a "analizar sus propias estructuras" para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.

La vicepresidenta destacó el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit, "un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso". Reclamó asimismo a autonomías y ayuntamientos que sigan el proceso de reducción del sector público empresarial del Gobierno, "que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas", indicó, porque "la inmensa mayoría" de las 4.000 empresas existentes depende de estas administraciones.

Respecto al sistema central de compras, explicó que estará encargado de celebrar los contratos y "obtener precios razonables" para toda la administración general del Estado. A su vez añadió que la unificación de la gestión de compras emprendida en algunos Ministerios ya ha supuesto "grandes ahorros", especialmente en el Ministerio de Defensa. Se refirió además al plan de gestión inmobiliaria integral del patrimonio del Estado que, en cuatro meses, permitió ahorrar 17,5 millones de euros a la administración del Estado. Sáenz de Santamaría insistió en la necesidad de clarificar las competencias entre las distintas administraciones. Esta reforma garantizará que los pequeños municipios puedan prestar "servicios públicos adecuados a precios razonables". La ley de Transparencia establecerá además el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán, así como los de los alcaldes, que serán públicos al igual que los de los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la administración.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, confirmó ayer que "en muy pocos días", concretará las medidas nuevas que pondrá en marcha para reducir el déficit público y cumplir con el objetivo de la UE, que obliga a bajarlo al 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB).