vitoria. "El problema es que las licitaciones no tienen nada que ver con la protección y conservación de la naturaleza, el medio rural, ni marino, ni tampoco con la prestación de servicios de emergencia que son su objeto social. No guardan la más mínima relación ni con tecnologías ni servicios agrarios, ni medio ambiente, ni desarrollo rural o litoral". Para la sección sindical de LAB del Departamento de Educación, lo que "más asusta" de la encomienda a la empresa pública estatal Tragsa de las obras en los colegios vascos es que las consejera Isabel Celaá "no haya dudado en restringir la competencia que la legislación de contratación pública debe defender".
En un duro comunicado remitido en mayo a los trabajadores del departamento, la central abertzale recordó que, "debido a la excepción" que supone la figura de la encomienda de gestión a las normas del Derecho comunitario, "resulta altamente dudoso que desde un punto de vista jurídico pueda utilizarse esta figura para llevar a cabo este tipo de obra".
Tras recordar a la consejera que "tiene preparados profesionales bajo su mando que puedan llevar a cabo las licitaciones" cuestionadas, LAB le reprochó que los "medios propios" -en referencia a Tragsa- "no pueden convertirse en meros testaferros entre el empresario que ejecuta la prestación y la Administración destinataria de la misma".
"decadente imperio español" Asimismo, el sindicato abertzale cuestionó que recurrir a Tragsa vaya a suponer a las arcas públicas algún ahorro respecto a un concurso abierto a las empresas del sector. LAB concluye aludiendo a posibles oscuros intereses en la decisión de Educación: "Nos queda más que un mar de dudas de porqué nuestros gobernantes hacen así las cosas, si no se trata de repartir riquezas de su colonia entre los poderes económicos del decadente imperio español (Repsol, Red Eléctrica...) y de desmontar el empleo público y sus servicios, priorizando intereses empresariales afines".