vitoria. Tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se avala la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, puso en tela juicio la continuidad del alto tribunal de garantías. Ayer, la dirigente popular reiteró sus críticas al organismo presidido por Pascual Sala y fue más allá al asegurar que "no sé por qué lo llaman Sortu. Que lo llamen directamente ETA".

Aguirre mostró su incomprensión por el hecho de "legalizar a quienes no solo no condenan el asesinato de 890 ciudadanos por defenderla libertas, sino que, además, no piden que se disuelva ETA". Aguirre realizaba estas declaraciones al mismo tiempo que los abogados de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga presentaban un recurso ante el Constitucional por la peña de seis años y medio a cada uno de ellos impuesta por el Supremo por el caso Bateragune. Otegi y Díaz Usabiaga están acusados de "integración en organización terrorista".

A Arnaldo Otegi también se refirió ayer la vicepresidenta primera del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que la opinión del Ejecutivo del PP es que el exportavoz de Batasuna cumpla íntegramente la sentencia que le impuso el Supremo, "Corresponde a los tribunales tomar esas decisiones, pero el Gobierno considera que deben cumplirse íntegramente las sentencias que se imponen y más en casos tan graves como los delitos de los que estamos hablando", aseguró.

Izquierda abertzale En este contexto, los representantes de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu y Pernando Barrena animaron ayer a su base social a convertirse en sortzaile (militante de Sortu) para lograr "una revolución democrática en Euskal Herria". Además, se reafirmaron en su apuesta por el trabajo "conjunto" entre fuerzas políticas, sindicales y sociales soberanistas de izquierdas.

Barrena afirmó que pese a la legalización de Sortu , "la voluntad del Estado respecto a la resolución del conflicto no ha variado". "Constatamos con pesar que el Estado español no tiene voluntad para el diálogo y el acuerdo político que permitan la resolución del conflicto en parámetros democráticos", señaló Barrena, quien puso como ejemplos la política penitenciaria o la condena del caso Bateragune.