Bilbao. Iñigo Iruin, redactor de los estatutos Sortu, compareció ayer junto a Maider Etxebarria, secretaria general provisional del partido, para realizar una primera valoración de la decisión del Constitucional por la que se revoca la decisión del Supremo de impedir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Iruin, que estuvo también acompañado por el letrado Adolfo Araiz, aseguró que la izquierda abertzale se juega su crédito político con la puesta en marcha de los estatutos de Sortu. "La izquierda abertzale sabe que con la puesta en marcha de esos estatutos se juega, en parte importante, su credibilidad política y en esa medida, la legalización de Sortu le compromete más con el camino iniciado", aseguró.

En este sentido, el abogado se remitió al debate realizado en el seno de la izquierda abertzale -llevado a cabo entre octubre de 2009 y febrero de 2010- y que finalizó con la aprobación de la ponencia Zutik Euskal Herria. Un año después, en febrero de 2011, el propio Iruin y Rufi Etxeberria dieron a conocer la disposición de la izquierda abertzale de un crear un nuevo partido. En su opinión, aquello significó "un punto de no retorno" a la nueva apuesta política de la izquierda abertzale.

Década de ilegalizaciones Con respecto a la decisión del Constitucional, aseguró que hasta que no tengan la sentencia y los tres votos particulares no podrán hacer una valoración más exacta. En su opinión, "la sentencia debe servir para que el Estado español cierre de una manera definitiva una década de ilegalizaciones de partidos y estructuras políticas de la izquierda abertzale".

A su juicio, la decisión del Supremo de prohibir la inscripción de Sortu se convirtió en un "caso sin precedentes". Para Iruin, se trató de una ilegalización preventiva: "Los estatutos cumplían con los requisitos de la Ley de Partidos, donde, en ninguno de sus apartados, se habla de arrepentimiento o pedir perdón o solicitar la disolución de ETA. Fue una ilegalización por la vía de impedir el nacimiento de un partido".

En este contexto, consideró que la decisión del Constitucional debe incidir en la Ley de Partidos, una legislación de la que aseguró que debería procederse a su "derogación definitiva en el marco de un proceso de desactivación de un conjunto de leyes excepcionales que aún siguen vigentes y aplicándose en Euskal Herria". Iruin también lanzó un mensaje a la Audiencia Nacional, y mostró su esperanza en que tenga en cuenta la sentencia de Sortu de cara a los juicios aún pendientes contra Batasuna, ANV y EHAK.

Iruin se refirió al paralelismo entre la sentencia de Sortu y la de Bildu, y aseguró que fue mucho más grave la ilegalización del partido. "Sortu significa un proyecto político de continuidad, un partido. Bildu, sin embargo, era una coalición para un momento concreto, unas elecciones".

legalización vigilada Iruin se hizo eco de las declaraciones efectuadas la víspera por el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en las que aseguraba que estudiarán qué instrumentos tiene el Gobierno español para mantener una vigilancia permanente sobre Sortu.

Para Iruin, de estas declaraciones se desprende que para el Gobierno español, Sortu pasa a "una legalidad vigilada con la pretensión de que pueda darse en el futuro una ilegalización sobrevenida". Algo que para el abogado de la izquierda abertzale "no se sostiene jurídicamente" y se corresponde a un planteamiento político del Ejecutivo del PP. "Confió en la capacidad jurídica del Constitucional. No existe la legalización vigilada y lo que se debe mirar es si se cumple con la Ley".