Vitoria. El PSE ha decidido aferrarse a la actividad legislativa como prueba de la voluntad del Gobierno de Patxi López de agotar la legislatura. Ajenos a las presiones para un adelanto electoral -vengan de la oposición o de Confebask- y a las evidentes dificultades que su actual minoría parlamentaria impone -en poco tiempo ha vivido la devolución al Ejecutivo del proyecto de Ley de Juventud y la aprobación de una Ley de Cajas modificada en aspectos sustanciales por PP y PNV-, los socialistas vascos reclamaron ayer en el Parlamento que se habilite julio para la presentación de enmiendas a todos los proyectos y propuestas de ley que están ahora en ese trámite, una decena en total, alguna de tanto calado como la Ley Municipal. Una propuesta que fue presentada ayer por los socialistas en la reunión de la Junta de Portavoces y que, explicaron fuentes parlamentarias, fue vetada por jeltzales y populares.

Es la Mesa de la Cámara vasca la que tiene que tomar una decisión -ayer la propuesta no llegó a tiempo de entrar en el orden del día- y no se reunirá hasta el próximo martes día 26, plazo de tiempo que los grupos se han dado para intentar lograr algún tipo de acuerdo. En principio, julio y agosto son inhábiles en el Legislativo vasco y en septiembre sólo se incluyen en el orden del día comisiones y ponencias, pues el primer Pleno tradicionalmente es el de Política General, a final de mes. De manera, que la actividad legisladora del Parlamento Vasco quedaría ya suspendida hasta octubre.

Para el próximo martes, la Mesa tendrá en su poder, además de la del PSE, una propuesta alternativa del PNV que, por contra, reclama que julio sea hábil para que trabajen las ponencias y comisiones donde en estos momentos se están tramitando proyectos y propuestas de ley. Una posición que parece contar con el respaldo del PP, lo que le otorga mayoría en la Mesa -tres a dos- y, por tanto, visos de salir adelante frente a la propuesta inicial del PSE.

El caso de la ley municipal ¿Diferencias que generan estas dos iniciativas? Pues una sustancial: por ejemplo, en el caso de la Ley Municipal, cuyo plazo de presentación de enmiendas fue ampliado a petición del PP hasta el 11 de septiembre, la tramitación quedaría parada hasta entonces; mientras que si se habilitara julio para el trámite de enmiendas, el debate de este proyecto podría llegar a iniciarse en septiembre. El caso de la Ley Municipal es paradigmático, por tratarse de la principal bandera legislativa del Gobierno López. Se registró en la Cámara en septiembre de 2011 y su tramitación estuvo suspendida desde noviembre hasta finales de abril por haber sido recurrida a la Comisión Arbitral. Tras tener su visto bueno, el plazo de enmiendas ha sido ampliado en dos ocasiones. En total, acumula ya nueve meses en la Cámara y, de cumplirse el plazo previsto, podría no iniciar su debate en Comisión hasta septiembre, un año después de ser registrada.

En el PNV entienden que si la voluntad es agilizar los trabajos de la Cámara, donde ciertamente comienza a agolparse una buena cantidad de leyes por tramitar, no tiene sentido solo permitir el registro de enmiendas en julio y no el debate de los proyectos que están más avanzados, caso de la Ley de Cambio de Climático o la de Paisaje, por ejemplo. Por contra, desde las filas socialistas se denuncia que con esta fórmula en realidad se acelera la tramitación de cinco leyes ya casi listas, pero se impide la posibilidad de avivar el camino parlamentario de otras diez; aunque adelantan que si el PNV finalmente registra su propuesta de habilitación no tendrán problema en apoyarla.

En ese grupo de diez leyes están la ya mencionada Ley Municipal o la de Vivienda, así como la proposición de creación del Instituto de la Memoria, iniciativa esta última impulsada por PSE, PNV, PP, IU-Ezker Anitza y los tres parlamentarios expulsados de Aralar.

En cualquier caso, en el PSE no ocultaban ayer su malestar por lo que, señalaron, es un veto inédito a una petición de habilitación de la que, por otra parte, habían sido informados de manera informal previamente el resto de grupos parlamentarios. Reglamentariamente, este tipo de peticiones han de partir de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de un tercio de los aforados, los 25 con los que cuenta el PSE. Los jeltzales subrayaban ayer que no son habituales las habilitaciones de periodos inhábiles para agilizar los plazos de enmiendas y que el único precedente fue el relativo a la Ley de Cajas el pasado enero.

En medio de esta maraña, tras la solicitud del PSE está la voluntad del Ejecutivo de López de mantener la tensión legislativa como una de sus banderas de cara al horizonte electoral, un horizonte que el lehendakari insiste en situar en marzo, lo que le otorgaría, según esos tiempos, prácticamente tres meses para la aprobación en Pleno de las diferentes iniciativas de su calendario legislativo, hasta diciembre.

De hecho, el Gobierno sigue enviando proyectos a la Cámara: lo hizo la semana pasada con la Ley de Vivienda y volverá a hacerlo en las próximas semanas, al tiempo que el Pleno del Parlamento aprobará mañana la Ley contra el Dopaje y el próximo jueves -último Pleno de este periodo de sesiones- tendrá en su orden del día el visto bueno definitivo de seis leyes más, como la de no Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de Derechos de las Personas Transexuales.