Madrid. El futuro judicial de la infanta Cristina, que se había mantenido libre de nubarrones hasta la fecha, podría complicarse tras la revelación de que hace un año fue nombrada presidenta de Aizoon, la inmobiliaria de la que es socia junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente sirvió para desviar dinero del Instituto Nóos. Y es que, respecto a la relación de la infanta con Aizoon, el juez del caso Palma Arena, José Castro, consideró en marzo en un auto que el solo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas "no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos en el ejercicio de sus facultades de dirección". Una situación que cambiaría si se confirma el cargo de máxima responsabilidad que ostentaría la esposa del duque de Palma.

Ayer trascendió la existencia de un documento firmado por los dos únicos socios de Aizoon, y presentado ante el Registro Mercantil de Barcelona hace aproximadamente un año, en el que la infanta sustituía a su marido en la presidencia de la firma. El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirmó ayer sobre este hecho que los medios "siguen absolutamente equivocados y confundidos o mal informados". Preguntado sobre las constantes filtraciones informativas sobre el caso Nóos, el letrado se limitó a añadir que "siempre es lo mismo" y que "no hay nada más que decir".

Urdangarin siempre ha defendido que su esposa se había mantenido al margen de funciones ejecutivas en la inmobiliaria a través de la que, supuestamente, se desviaron más de 600.000 euros de dinero público procedente del Instituto Nóos. En juez José Castro rechazó en marzo imputar a la infanta porque no tenía, aseguró, ninguna prueba ni ningún testimonio que la implicase en las supuestas irregularidades del Instituto que fue presidido por Urdangarin y en el que tuvo como socio a Diego Torres.