Bilbao. El pasado domingo, poco después de producirse la detención en Francia de dos miembros de ETA, el Ministerio del Interior se apresuró a situar a uno de ellos, Oroitz Gurrutxaga, en la cúspide del aparato militar. El lunes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó que el segundo activista, Xabier Aranburu, había sido lugarteniente del antaño dirigente de ETA más buscado, Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Ayer, coincidiendo con la reunión mantenida en Madrid entre Fernández Díaz y su homólogo francés, Manuel Valls, así como con la comparecencia en el Parlamento Vasco de Alberto Spektorowski, miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), llegó la última revelación: Gurrutxaga y Aranburu portaban en el momento de su detención material explosivo.
Así lo afirmó el propio titular español del Interior, en la comparecencia conjunta que llevó a cabo junto al miembro del nuevo Ejecutivo de François Hollande. Según Fernández Díaz, los dos activistas llevaban un kilo de material para la fabricación de explosivos y varias ampollas de mercurio, utilizadas en estos artefactos. No solo eso, ya que en el vehículo -robado y con matrícula falsa- que conducían en el momento del arresto también llevaban, siempre según la versión de Interior, siete placas falsas de matrículas francesas, diversa documentación falsa de ciudadanos españoles, italianos y franceses, además de dos ordenadores con sus correspondientes discos duros.
Con el colchón de estas informaciones, el ministro del Interior reiteró su discurso de los últimos días, y afirmó que "estos datos no nos los ha facilitado ningún mediador, ni ningún verificador, sino las Fuerzas de Seguridad", según él, los únicos verificadores que necesita el Gobierno de Rajoy. Jorge Fernández Díaz ligó, de este modo, la operación policial del domingo en Cauna, en el suroeste de Francia, con la visita de dos días a Euskadi del GIC que lidera Brian Currin. Insistió en que la banda "mantiene una estructura larvada en la clandestinidad" y en que los dos activistas se habían desplazado a esa zona "previsiblemente para captar personas para la banda".
Reclamó además a ETA su disolución incondicional y dejó claro que el Estado "no está en tregua" y que las Fuerzas de Seguridad seguirán trabajando como hasta ahora con la ayuda de Francia. Eso sí, el ministro relativizó el hecho de que Oroitz Gurrutxaga, nacido en 1981 y curtido en la kale borroka, sea el jefe militar de ETA, y dijo que "el escalafón tiene una importancia relativa porque la banda está derrotada y su estructura es muy débil". Las propias autoridades francesas han cuestionado esta posibilidad y fuentes de la Policía gala situaban a los dos arrestados en una célula encargada del control de los zulos.
Diferencias de matiz Sin embargo, el mayor choque de los últimos días se ha producido entre Jorge Fernández Díaz y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, que aseguró el lunes que "toda la información de la que disponemos confirma que ETA ha abandonado todas las actividades terroristas". La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, reafirmó ayer esta idea al afirmar que "no hay pruebas suficientes, por lo menos no nos consta en el Gobierno vasco, de que la banda haya retomado sus actividades terroristas".
Preguntado ayer sobre esta cuestión, el ministro del Interior trató de restarle importancia y habló de "diferencias de matiz" con su homólogo en la CAV debido a que ambos pueden manejar "fuentes de información distintas". Zanjó la cuestión señalando que los dos coinciden en exigir a la banda que debe disolverse de manera definitiva.
El ministro del Interior francés, Manuel Valls, de origen catalán, cumplió con el guión y expresó su total apoyo a la política antiterrorista del Gobierno español. "No es el momento de bajar la guardia", dijo, y descartó cualquier cambio en la política penitenciaria del país vecino. Concluyó que "la colaboración entre España y Francia es ejemplar e histórica" y que "la disolución de ETA es condición indispensable para alcanzar una solución en el futuro".
Trasladados a París Tras pasar dos días en la comisaría de Baiona, a la que fueron llevados tras ser detenidos, Oroitz Gurrutxaga y Xabier Aranburu fueron conducidos ayer a París con vistas a comparecer ante la Justicia. La Subdirección Antiterrorista (SDAT), encargada de la investigación, dispone de hasta cuatro días desde la captura para interrogarles antes de ser llevados ante el Tribunal de París, competente en materia de terrorismo.
De forma paralela, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó ayer a las autoridades francesas, a instancias de la Fiscalía, la entrega de Aranburu por colaborar en un atentado que se produjo en Ávila en septiembre de 2005.
