sevilla. La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (RE) fraudulentos, el caso ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a afrontar sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el 24 de abril.
La juez, en varios autos notificados ayer a las partes acuerda pedir a la Junta información sobre las ayudas tramitadas a través de una partida presupuestaria nueva, la 22.E.4., así como solicitar todos los ERE "que no están en vigor" y requiere a la Policía que investigue ayudas a 24 empresas. Fuentes del caso informaron de que la fianza a Fernández ha sido fijada en 807.403.232 euros y responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31.L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.
