MADRID. Mañana es el último día de pleno, por lo que si los magistrados siguen sin debatir sobre la ponencia redactada por la Elisa Pérez Vera, el debate sobre Sortu quedará previsiblemente aplazado hasta la próxima semana jurisdiccional, ya en el mes de junio.

Pérez Vera, adscrita al sector progresista, es una de las seis magistradas que el 5 de mayo del año pasado votó a favor de la presencia en las elecciones municipales de Bildu, revocando así la decisión del Supremo de anular las listas de esta formación abertzale.

Junto a Pérez Vera votaron en aquella ocasión los también progresistas Luis Ortega, Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Adela Asua y Eugeni Gay, que se impusieron por seis a cinco al bloque conservador -formado por Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos, Ramón Rodríguez Arribas y Javier Delgado-, al que se sumó Manuel Aragón.

En su recurso ante el Constitucional, Sortu empleó precisamente los argumentos de la mayoría de este tribunal para permitir la presencia de Bildu en los comicios del año pasado y pidió que se tengan en cuenta para revocar la decisión del Tribunal Supremo (TS) de prohibir su inscripción como partido político.

En el recurso de amparo, firmado por el abogado Íñigo Iruin, la formación abertzale indicaba en este sentido que la decisión del Supremo "supone una 'ilegalización preventiva' que pone en riesgo al propio Estado constitucional", tal y como el Constitucional aseguró en la sentencia sobre Bildu, coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes abertzales.

"La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional", decía textualmente el TC en esa resolución, en la que además consideraba "desproporcionada" la anulación de las listas de Bildu acordada por el Supremo.

Sortu también citaba la sentencia para recordar que, tras las últimas reformas legislativas -en palabras del Constitucional, "relevantes modificaciones que no pueden desconocerse ni dejar de ser tomadas en consideración"-, el Estado tiene mecanismos, para actuar contra los partidos en los que se aprecie connivencia con ETA, durante todo el mandato electoral.