DONOSTIA. Los "miles y miles" de vascos forzados a abandonar la CAV "por mor" de la actividad armada de ETA se enfrentan a un "problema política y jurídicamente complejo" si quieren votar en Euskadi, pero la dificultad del reto no "arredrará" al Gobierno español en su empeño por conseguirlo. Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien explicó que el Ejecutivo del que forma parte redoblará esfuerzos para encontrar la respuesta legal "a lo que nos parece es de justicia para trabajar sobre la memoria y convivencia frente a los que quieren olvidar a las víctimas o hablar de equidistancia".

Las declaraciones del ministro, efectuadas durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa celebrado en Bilbao, volvieron a poner encima de la mesa el debate sobre si los denominados "exiliados" por ETA tienen o no derecho a sufragio en los comicios vascas. La controversia, además, resurge en un contexto en el que la CAV empieza a atisbar elecciones el horizonte.

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, acusó a la formación popular de estar intentado "manipular" el censo electoral vasco. "El PP no acepta la realidad vasca tal y como es, con su heterogeneidad, con su diversidad y con sus mayorías políticas, y pretende alterar el mapa electoral con manipulaciones del régimen jurídico vigente", explicó el portavoz jeltzale, recordando además que la propuesta, para salir adelante, tendría que superar "una operación técnicamente compleja y jurídicamente más que cuestionable".

El Gobierno Vasco, por medio del consejero de Interior, Rodolfo Ares, coincidió en subrayar la dificultad que entraña la aprobación de la iniciativa y tachó el anuncio de Fernández Díaz de "señuelo electoral". Ares, además, acusó a la formación popular de estar dando "argumentos" al nacionalismo con el "símil" de que "por qué pueden votar los residentes en Argentina y no los que viven en Madrid o Marbella" que se emplea para defender la medida: "Es evidente que los vascos que viven en Madrid o Marbella no viven en el extranjero".

El PP vasco, por su parte, aplaudió a rabiar el plan, al considerar que el que las personas exiliadas por la actividad armada de ETA puedan votar en Euskadi supondría una "vuelta a la normalidad". "Es una medida crucial para el fin del terrorismo, porque es lo que ETA quería conseguir: una cierta depuración del censo para tener más apoyo", aseguró el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien profundizó en las declaraciones de Fernández Díaz al aseverar que la cuestión es "prioritaria" para el Gobierno español.