BILBAO. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajó ayer su petición de pena para once miembros de D3M y Askatasuna, atendiendo así a los "criterios de proporcionalidad" establecidos la semana pasada por el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Bateragune, que redujo de diez a seis años y medio de prisión la pena impuesta por la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi al considerar que no debía ser condenado en calidad de dirigente de ETA. Además, el fiscal retiró su acusación contra otros dos imputados por falta de pruebas.

En la última sesión del juicio contra los supuestos integrantes de las dos marcas, ilegalizadas por el TS el 17 de febrero de 2009, el fiscal redujo de nueve a seis años y cinco meses su petición de condena para los nueve acusados de integración en organización terrorista -Amparo Lasheras, Arantza Urkaregi, Elisabeth Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua-.

Rebajó también su petición de cárcel de siete a cinco años para dos procesados por colaboración con organización terrorista -el presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, y su secretario Xabier Isasa-. Asimismo, retiró los cargos que pesaban contra el representante legal de D3M ante la Junta Electoral de Araba, Fernando Antia, y Aitor Ligerzana, quien está preso por otra causa.

En ese instante, el público comenzó a aplaudir a los exculpados, lo que obligó a la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, a llamar la atención a los presentes y advertir de que ordenaría su desalojo en caso de no guardar silencio. "No se puede aplaudir en un tribunal de justicia. Se lo ruego, que no se vuelva a producir una situación de este tipo", reclamó.

Durante el turno de última palabra, la portavoz de D3M Amparo Lasheras hizo un alegato en nombre de todos los acusados para exigir al tribunal que emita "un sí a la libertad de expresión de todas las ideas y a la participación política de todos los proyectos".

Portavoces de la izquierda aber-tzale, Aralar, Alternatiba y EA exigieron ayer al Estado español que "pare definitivamente la maquinaria judicial de ilegalizaciones y castigos políticos", al tiempo que reclamaron la absolución de los encausados en el juicio contra D3M y Askatasuna. Tras asegurar en Donostia que estas trece personas han sido encausadas por "haber realizado una oferta electoral para la sociedad vasca" y juzgadas "sin pruebas o, más bien, sin delito", los cuatro partidos que forman Amaiur afirmaron que la vista "es una prolongación de las políticas de ilegalización".

Pintadas ultras Por otra parte, la izquierda abertzale denunció la aparición en la madrugada de ayer de pintadas "de carácter ultraderechista" en comercios y locales de localidades como Errenteria, Oiartzun o Astigarraga. En un comunicado, destacó que estos "sabotajes" han estado "especialmente dirigidos contra lugares emblemáticos del independentismo vasco". La formación proscrita enmarcó los ataques en la "estrategia de bloqueo y sabotaje que impulsa", a su juicio, el Gobierno español "ante el nuevo escenario abierto en nuestro país".

Añadió que "el carácter coordinado y selectivo" de las pintadas "hace pensar con toda lógica que sus autores pertenecen y obedecen a los aparatos de Estado". Por último, la izquierda abertzale aseguró que "todos estos ataques y provocaciones resultarán infructuosos", porque el Estado español "no va a conseguir" sacarle "del camino hacia la paz y las soluciones democráticas".