BILBAO. Los cuatro encausados por la Audiencia Nacional por dicha acción, ocurrida el pasado 27 de octubre durante una reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, se han concentrado ante el consultado francés en Bilbao para protestar por la conducta de las autoridades francesas en este caso.
Los imputados, Julio Villanueva, Mikel Álvarez, Gorka Ovejero e Ibón García, activistas contra el Tren de Alta Velocidad, también han entregado en la sede consultar una carta dirigida al recién elegido presidente de la República francesa, François Hollande, en la que le informan de su situación.
En la misiva, facilitada por los propios encausados a través de un comunicado, critican que, gracias a la "dejación", "opacidad" y "colaboración" del Gobierno francés, unos hechos que deberían haber sido juzgados en Francia se estén instruyendo en España por la Audiencia Nacional.
Este tribunal dictó el pasado 2 de abril un auto de procesamiento contra los cuatro activistas anti-TAV en el que se les pide penas de entre 4 y 10 años de prisión al calificar como atentado grave contra la autoridad los tres tartazos recibidos por la presidenta de Navarra en dicha cita.
La Audiencia Nacional es la competente para investigar los hechos al tratarse de un delito cometido por un español fuera del territorio nacional y contra otro ciudadano nacional, además de que su actuación podría encuadrarse como un delito contra la autoridad.
Los imputados denuncian en su carta la "responsabilidad contraída" por el Gobierno francés al "dejar" el caso en manos de la Audiencia Nacional española, "abocándonos a una brutal persecución penal" a raíz de la "criminalización" de una acción de protesta no violenta "realizada en Francia".
